La decisión del Gobierno de frenar beneficios impositivos a los sectores informáticos afecta a miles de empresas. Sin embargo, no tomó a todos por sorpresa. Luis Galeazzi, CEO de Argencon, la entidad que aglutina a las empresas que exportan servicios de conocimiento, dijo a El Canciller que esperaban esta decisión, por lo que “no tuvo un efecto sorpresa que tuvo en otros ambientes”.

“Es una ley que se votó hace unos meses con mayoría absoluta, casi unánime en el Congreso. Es una noticia que los mercados, por ejemplo, no esperaban”, explicó Galeazzi. Y que “muchas empresas han hecho sus proyecciones este año con inversiones, crecimiento, toma de empleados, apertura de oficinas en ciudades interior, una inversión bastante importante”.

Desde la cartera productiva, en tanto, salieron a aclarar que la medida “no anuló” los beneficios fiscales a las empresas bajo la ley del Economía del Conocimiento. “Los beneficios de la ley no están suspendidos porque cuando se definan las modificaciones, serán retroactivas al 1 de enero, de manera que no quedará ningún período sin el beneficio de la ley”, dijeron en un comunicado. Galeazzi dice que, por más que exista este aspecto, hay que “aguantar financieramente y a las empresas chicas les duele”.

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En cuanto a las Pymes afectadas, Argencon estima que son entre 3.000 y 3.500, “en algunos casos se habla de más. Con este freno a la ley difieren todo su plan de desarrollo”, agrega el director ejecutivo. Y agrega que muchas empresas “han tomado la ley como un argumento para incrementar su volumen de operación en Argentina. Andá a explicarle a un inglés o un español que tomó esa decisión que ahora está suspendida. Es muy difícil”.

Las firmas se amparaban ante la EdC porque esperaban cobrar los bonos. Ahora tendrán que estar a la espera de que se termine de reglamentar. “Esa demora molesta mucho más a las chicas que tienen menos espalda financiera que las grandes”, manifestó. En este aspecto señaló que “la suspensión como tal, golpea un punto débil de Argentina que es la poca normativa que tiene en lo macroeconómico”. Además de las empresas que agrupa la entidad, también afecta a otro conjunto como las del software, biotecnología y videojuegos, entre otras. Así todo, desde el sector confían en que llegarán a un acuerdo lo más pronto posible ya que están “en consulta permanente” con el Gobierno.

Proyecto

Por su parte, el legislador por Mendoza de la UCR, Luis Petri, envió un proyecto de ley para dar marcha atrás con la medida del Gobierno. “Esta decisión va a retraer la inversión comprometida y los puestos de trabajo que esperaban generar. Pensemos que cae una de los sectores más dinámicos que tiene la economía argentina”, dijo el diputado a El Canciller.

Desde que se implementó, el año pasado las inversiones oscilaban los $6.000 millones y 120 mil puestos de trabajo. Al finalizar la ley se esperaban que llegaran a los $15.000 millones y se creen casi el doble, 215.000 nuevos empleos. “Modificar las reglas de juego genera condiciones desfavorables”, agrega Petri. En este sentido, el diputado dijo que “habría que preguntarle al Gobierno por qué cambiaron de parecer, porque el propio Alberto Fernández a la hora de reconocer nuestros méritos habló de la ley de la Economía del Conocimiento”. Y agregó que “pareciera que el Gobierno le hace caso a (Juan) Grabois. Entre el modelo que representa él y el modelo que representa (Marcos) Galperín, opto por este último”.