El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales irá a juicio por haber besado “sin consentimiento” a la jugadora Jenni Hermoso durante la ceremonia de entrega de medallas que se llevó a cabo tras la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que la Selección de ese país ganó a Inglaterra en agosto de 2023. El escándalo había derivado en la destitución del nacido en Las Palmas de Gran Canaria.

El magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, que está a cargo de la causa, adoptó idéntica medida con otros exdirigentes de la Federación por supuestamente haber presionado a la futbolista cuando el caso tomó notoriedad pública.

Se trata de Albert Luque, Jorge Vilda y Rubén Rivera, exdirector deportivo, entrenador y titular de marketing de la RFEF, respectivamente.

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Jorge dictaminó este jueves que el beso de Rubiales “no fue consentido" y que se trató de "una iniciativa unilateral y sorpresiva”.

El magistrado sostuvo, además, que existen indicios de que Luque, Vilda y Rivera quisieron forzar a la delantera a grabar un video en el que dijera que el beso había sido consentido, objetivo que no lograron.

Por último, consideró que el estado de euforia y agitación experimentado como consecuencia del extraordinario triunfo deportivo deberá ser evaluado en un juicio oral ante el órgano encargado.

Para el juez, el beso en la boca “afecta a la esfera de la intimidad reservada a las relaciones sexuales, en particular en el contexto de dos personas adultas”.

Pese a que al principio aseguró que era la víctima de una campaña liderada por “falsas feministas”, Rubiales acabó renunciado al cargo por su comportamiento durante la ceremonia de premiación en Sydney. 

Hermoso, de 33 años y goleadora histórica de la Selección española, dio este mes su testimonio ante este juez investigador. La delantera, que milita en el fútbol de México, recibió amplio apoyo en España tras el escándalo, mientras Rubiales niega haber cometido algún delito.

Al amparo de una ley sobre consentimiento expreso en toda interacción sexual que fue aprobada en 2022, el exdirigente se expone a una multa o a una sentencia de prisión de entre uno y cuatro años, de ser encontrado culpable. La nueva norma elimina la actual distinción entre abuso y agresión sexual.