En la retina de todos los argentinos todavía persiste el recuerdo de la tanda de penales contra la Selección de Francia, en el marco de la final del Mundial 2022, en la que Gonzalo Montiel convirtió el tanto decisivo. Casi tres años después, a raíz de un bono que le dio la Asociación del Fútbol Argentino a los jugadores por la hazaña, el lateral derecho presentó una denuncia contra su exabogado por una estafa millonaria, en la que incluyó parte del premio recibido por su consagración en Qatar.

Ese dinero y otros montos alcanzarían una cifra total de USD 700.000 -equivalentes a más de 800 millones de pesos- que pasaron de las manos del jugador surgido en River Plate a las arcas bancarias de Nicolás Payarola.

Montiel y el letrado se conocieron en marzo del 2023, cuando el futbolista entonces se desempeñaba en el club inglés Nottingham Forest y fue denunciado por presunto abuso sexual, una causa en la que finalmente fue sobreseído en diciembre de 2024.

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El letrado fue acercado por alguien conocido de la familia Montiel y rápidamente se ganó su confianza, según trascendió desde su círculo.

"Al ser una persona recomendada y encontrándonos en una situación conmocionante, decidimos contratar los servicios de Payarola para actuar rápidamente y así terminar con el sufrimiento que nos provocaba esa situación", manifestó Juan Marcelo "Tito" Montiel, padre del jugador, y Jacqueline Aguirre, hermanastra de "Cachete", en una denuncia reciente que trascendió a los medios.

En el escrito, de 36 páginas y varios anexos, presentado a la justicia por los abogados de la familia Montiel, aseguraron que Payarola se ganó poco a poco su confianza de manera "premeditada" con el fin de acceder al patrimonio familiar. "Se mostró muy interesado en la economía de la familia y en cómo invertíamos nuestro dinero", ampliaron.

Así, desde la familia del defensor afirmaron que el disparador de la codicia de Payarola habría sido un emprendimiento inmobiliario, impulsado con dinero de Gonzalo y en el que iban a estar a cargo "Tito" y Jacqueline. El abogado ofreció los servicios de su estudio, P&A, a fin de ayudarlos en la adquisición de un lote en la zona de Ezeiza para desarrollar un barrio cerrado.

Los hechos continuaron con una serie de embolsos que el letrado consideraba "necesarios" y utilizaba sus "conocimientos financieros" para sacarle provecho al capital familiar. Brahim López, un policía que estudiaba abogacía y llegó a la familia como cuñado de Gonzalo, descubrió maniobras presuntamente fraudulentas, lo que disparó en la denuncia presentada en las últimas horas.