Qué recomendaciones le presentará la comisión de juristas a Alberto para reformar la Justicia

Los expertos convocados por el Poder Ejecutivo presentan su trabajo final que introduce cambios en el desarrollo de la Corte, la Magistratura y la Procuración.
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Sin actos por el aislamiento del presidente Alberto Fernández, la comisión de juristas le hará llegar la propuesta de reforma judicial. Los cambios recaerán en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público.

Desde agosto, el grupo de expertos trabaja en el informe, en donde sugirió diversas modificaciones para la Justicia. En el caso de la Corte prevé la creación de un tribunal previo, que oficiaría de instancia “intermedia”, como si fuera un filtro. Mientras que para el Consejo de la Magistratura recomendó que sea integrada por 16 miembros (se sumarían tres personas).

Anuncio de la reforma judicial en la casa Rosada. Foto NA

Para el Ministerio Público Fiscal, se promoverá elegir al Procurador por la mitad más uno de los senadores. En la actualidad requiere dos terceras partes del Senado. El cambio allanaría el camino del juez federal Daniel Rafecas en convertirse en el jefe de los fiscales del país, dado que el Frente de Todos no tiene la mayoría en la Cámara Baja.

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Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)

Se especulaba que los juristas convocados por el Ejecutivo sugirieran el aumento de la cantidad de los ministros de la Corte. Sin embargo, en este texto final, no se pronunciaron sobre ese punto. Pero sí avalaron que haya un tribunal intermedio entre la CSJN y las Cortes provinciales y de la Ciudad.

Ese nuevo tribunal generó rispidez entre la comisión. Algunos apoyaban que solo tenga competencia para cuestiones del fuero federal, otros que sea más amplia, mientras que otro tanto no apoya su creación.

Los jueces de la Corte Suprema. Foto: CIJ.

Consejo de la Magistratura

La comisión impulsa que los miembros de la Magistratura pasen a ser 16, es decir, que dejará de tener 13. La importancia del órgano radica en que selecciona y elige a los jueces, y también los puede sancionar. A finales de 2018 se modificó su integración.

También el grupo de juristas avala que los miembros del ámbito académico científico no sean obligatoriamente abogados. De esta manera, se incluirían otras profesiones y especialidades, las cuales tengan en cuenta la diversidad sexual, los derechos humanos y las cuestiones de género.

El Consejo de la Magistratura

En la actualidad cuenta con cuatro comisiones.  A su vez, los 13 integrantes son de distintos ámbitos: tres representan al Poder Judicial, tres a Diputados, otros tres al Senado, uno al Ejecutivo, dos a los abogados y uno al espacio académico y científico.

Los consejeros son: Alberto Lugones (presidente del órgano), Ricardo Recondo (vicepresidente), Graciela Camaño, Juan Manuel Culotta, Silvia Giacoppo, Juan Pablo Más Vélez, Diego Molea, María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde, Pablo Tonelli, Marina Sánchez Herrero, Vanesa Siley y Gerónimo Ustarroz.

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Ministerio Público Fiscal (MPF)

Por seis a cinco votos, el texto final incluye la modificación sobre la forma de elegir al Procurador. Los abogados Carlos Beraldi, Carlos Arslanian, Marisa Herrera, Raúl Gustavo Ferreyra, y los jueces de las Cortes provinciales Claudia Sbdar (Tucumán) y Omar Palermo (Mendoza) apoyaron el cambio por mayoría absoluta de los miembros del Senado.

En cambio, quienes defendieron que continúe los dos tercios fueron: la presidenta del máximo tribunal porteño, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez; y los jueces de las Cortes provinciales Hilda Kogan (Buenos Aires) y María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego).

Rafecas y Fernández en la Casa Rosada

Aunque la modificación beneficia el nombramiento de Rafecas, el juez sostuvo que no asumirá si no se respetan los votos de dos tercios del Senado. Tampoco está de acuerdo que el cargo pase de vitalicio a temporal. Sin embargo, el oficialismo avanza en dos propuestas de ley para que se hagan los cambios.

Además, el consejo recomendó que se elimine tal como está en la actualidad la Oficina Anticorrupción (OA) y que no pase a la órbita del MPF. La función de la OA podría ser integrada al trabajo de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA).