Una reforma judicial freezada en Diputados. Un aporte a la grandes fortunas que promete salir del Congreso para ir derecho a Tribunales. Una comisión de asesores que terminó su trabajo y cuyas primeras recomendaciones agitaron el mundo académico (en el mal sentido). Un proyecto de aborto legal, seguro y gratuito que también será judicializado en caso de ser aprobado en Diputados y Senadores. Si el sueño y el objetivo de Alberto Fernández era des-judicializar la política, el año pandémico (y probablemente el 2021 también) no parece haberle sido funcional a ello.

A la vez, el presidente tiene que enfrentarse a las internas propias de una coalición como el Frente de Todos, donde las partes opinan bastante distinto en muchísimas cuestiones. Un secreto a voces es el conflicto al que se enfrentan ahora: el famoso número mágico de dos tercios para nombrar a un procurador general. El sector más cercano al kirchnerismo mira con recelo al candidato presidencial, el juez Daniel Rafecas, y prefiere avanzar con sus propios proyectos: conseguir un cambio en la designación y que solo se necesite una mayoría simple para el nombramiento. De esta forma, Rafecas quedaría prácticamente fuera de la discusión: el magistrado dijo ya que no le interesa asumir bajo ese parámetro.

Esa idea parece haber conseguido un guiño esta semana. Seis de los integrantes de la comisión de asesores que creó Alberto para aconsejarlo en temas judiciales sugirieron pasar de los dos tercios a la mayoría simple en la elección de Procurador. Otros cinco votaron por mantener la forma actual. Todos coincidieron, sin embargo, en que se mantenga el juicio político como forma de remoción. ¿Por qué? Para evitar que el procurador quede a tiro de una mayoría del Senado. Para darle estabilidad y robustez al cargo: fácil acceso, acotado en el tiempo y con una mayoría especial para hacer difícil la posibilidad de que “se lo lleven puesto en una sesión”. Por supuesto que todas estas recomendaciones son justamente eso y dependerá del Presidente ver qué impulsa y qué no.

Mientras la comisión de asesores le daba los toques finales a su informe de conclusiones y recomendaciones, varios judiciales recordaban en que había quedado la famosa reforma judicial, que lejos de ser polémica y pro impunidad como la pintaron, se encargaba de realizar algunos cambios no demasiado profundos. Allí, donde la reforma judicial duerme, el aporte a las grandes fortunas tuvo el okey esta semana. Se descuenta con que sea aprobado sin inconvenientes en el Senado en las próximas semanas

Ahí entrará el maravilloso juego de la judicialización para no pagar, para declararlo inconstitucional o para ambas cosas. Abogados/as tributaristas y constitucionalistas debaten estrategias por un lado y posibilidades de que les den la razón por el otro. Los más pesimistas se la juegan a presentar la demanda y conseguir algo que no es para nada desagradable: tiempo. Tiempo para que se licue el monto a pagar, tiempo para reconfigurar estrategias. No es lineal el recorrido: quizás los planteos se frenen en primeras instancias o quizás la Corte decida intervenir. No hay certezas pero ambos escenarios tienen el tiempo como clave.

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La Corte sabe que varios escenarios pueden terminar en judicializaciones eternas. En sus manos está también el reclamo que hizo Horacio Rodriguez Larreta por la coparticipación, que aún no tiene fecha de resolución. Aquí también dependerá del ambiente político: en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires esperaban un trámite rápido. Actores judiciales maliciosos recordaban que los tiempos siempre pero siempre los controla el Máximo Tribunal. La causa por los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi da prueba de esto.

Esta semana, el Ejecutivo decidió enviar al Congreso el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito. Con una robustez técnica muy clara (varias abogadas señalan que es más certero y claro que lo que se hizo en 2018), todavía no tiene garantizada la aprobación. Diputados es un lugar complejo y el Senado, más aún. No obstante, la corriente que se opone al derecho a elegir ya está programando las acciones por si todo falla: judicializar a través de presentaciones en todo el país. La estrategia cuenta con aliados dentro del sistema: muchos jueces y juezas tienen contactos muy estrechos con la Iglesia.

Todo parece indicar que, otra vez, las decisiones políticas y las conquistas de derechos se terminarán de definir dentro de Tribunales, en un 2020 marcado por la pandemia y en un 2021 que le sumará al conflicto sanitario y económico la realización de una elección de medio término, que el Gobierno tratará de afrontar de la mejor manera posible.