Un Congreso hiperactivo arranca el año con asuntos de peso

Jueces, diplomáticos, mujeres organizadas y productores agropecuarios. Todos miran al Congreso porque sus intereses estarán en juego en los próximos días, que serán de hiperactividad, contra los pronósticos.

La semana corta de Carnaval estaba destinada al descanso, como es tradición en el parlamento argentino: si cae feriado lunes y martes, los diputados y senadores no sesionan y estiran el reposo hasta el fin de semana siguiente, sobre todo antes de un inicio de sesiones ordinarias.

Pero Alberto Fernández convocó a sesiones extraordinarias para diciembre, enero y febrero; definió un temario y la semana pasada apuró a través de Sergio Massa y Cristina Kirchner leyes y trámites pendientes en ambas cámaras, para dejar más despejada la agenda de las ordinarias y porque tiene la certeza de que contará con el apoyo suficiente para la aprobación de los proyectos.

Ningún gobierno ni oficialismo avanza sin tener los votos asegurados de antemano. Así los diputados y senadores aterrizarán entre mañana y el miércoles mismo en Buenos Aires y no se irán hasta la semana que viene: el domingo, 1º de marzo, será la apertura de sesiones ordinarias, la primera de Alberto Fernández como jefe de Estado.

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Se espera que el mandatario pronuncie un discurso sin apelar con énfasis a la herencia recibida aunque sí señalando la obvia crisis de deuda, el estancamiento, la inflación y la pobreza como lastres de la gestión Cambiemos, que su gobierno está llamado a revertir. La economía será un asunto destacado del mensaje presidencial, pero también lo serán algunos anuncios.

Los dos que podrían sobresalir son una posible suba de 3 puntos porcentuales a las retenciones de exportaciones de soja, lo que pondría al campo en pie de guerra, otra vez, como hace doce años, y el envío del proyecto de legalización del aborto.

El posible aumento de los derechos de exportación de soja, del 30 actual a un 33 por ciento, ya está previsto en el artículo 52 de la ley de Solidaridad Social sancionada por ambas cámaras en diciembre, de modo que para el sector agropecuario no sería una novedad pero sí un disgusto. La Mesa de Enlace hizo saber que se reunirá entre jueves y viernes con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, quien echaría claridad sobre las intenciones del Ejecutivo.

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Pero el anuncio más fuerte se espera que sea el del envío del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

A diferencia de marzo de 2018, cuando Mauricio Macri abrió el debate parlamentario sin que su gobierno tomara una posición institucional sobre el asunto, esta vez la iniciativa será del propio Poder Ejecutivo.

Es algo poco usual en el mundo, cuentan quienes estudiaron casos de otros países: generalmente estas propuestas, de despenalización o legalización del aborto, se promueven desde las bases, que son organizaciones de mujeres, y a través de legisladores de visión progresista, y no desde arriba para abajo.

El poroteo en ambas cámaras arroja un escenario complicado: Diputados tiene 257 integrantes, de los cuales 113 están a favor del aborto legal (se deberían contar 112 porque el oficialista José de Mendiguren está de licencia), 101 están en contra y 43 no se han definido. En el Senado, en cambio, la ventaja es celeste: hay 33 senadores a favor, 35 senadores en contra y 4 indefinidos.

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Los números no están tan claros como sí la decisión presidencial. Por eso, en el bando verde esperan que el Gobierno haga el juego político que no hizo Macri, que se mantuvo prescindente. En ese marco, para sumar apoyos de indefinidos y dar vuelta el voto de algún que otro celeste, Fernández podría anunciar el envío de un proyecto de legalización del aborto y de otro para garantizar asistencia del Estado a mujeres desde el inicio del embarazo hasta los dos años de vida del hijo.

El proyecto gubernamental de aborto legal estaría en línea con el que impulsaron los verdes en el Senado, distinto de la media sanción de Diputados: es decir, aborto legal sin causales hasta la semana 12 de gestación (no la 14) y objeción de conciencia para médicos y clínicas, aunque con la obligatoriedad de realizar la práctica a quien la solicite en los hospitales y centros de asistencia pública.

Fernández también podría incluir en su discurso la reforma judicial, para ampliar la cantidad de juzgados federales de Comodoro Py y la creación del Consejo Económico y Social, un ámbito al que el Gobierno apuesta para contener el conflicto social, en un escenario de crisis económica.

Discusiones

Pero antes del mensaje presidencial, Diputados y el Senado tendrán bastante trabajo, en sendas sesiones. La de la Cámara Baja será el jueves, para tratar como único asunto el proyecto del Gobierno que pone fin a los regímenes jubilatorios de jueces y de diplomáticos.

La aprobación es casi un hecho: Juntos por el Cambio, el principal espacio opositor, no querrá quedar del lado de los que defienden jubilaciones mensuales de más de 700 mil pesos, con un haber mínimo de 15 mil pesos.

El proyecto a tratar es del Ejecutivo pero hay otros cuatro de la oposición: uno del radical Alejandro Cacace; otro, del macrista Pablo Tonelli; otro, del mendocino José Luis Ramón y otro, de la izquierda. El miércoles, un día antes de la sesión, se debatirá el asunto en el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Previsión Social, convocado con el fin de emitir los dictámenes para el recinto.

El Senado, a su vez, tendrá la misión de convertir en ley el proyecto que regula la exhibición de productos en los supermercados para impedir abusos de posición dominante de las grandes empresas alimenticias, conocido como ley de Góndolas, y debatir el pliego de la abogada Marisa Graham a defensora del Niño de la Nación.

El cargo está vacante desde 2005, cuando fue creada la institución, y la candidata sorteó un proceso de selección de dos años, que incluyó exámenes y entrevistas e impugnaciones, tras lo cual una comisión bicameral, cuya misión específica es la designación de este funcionario, emitió un dictamen por unanimidad proponiendo su nombre a ambas cámaras.

Diputados aprobó el pliego el año pasado y el asunto viene demorado en el Senado, donde Graham, una candidata sostenida por el kirchnerismo, se enfrenta a rechazos de senadores antiabortistas, que la cuestionan por haberse declarado a favor del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

De todas maneras, la abogada reuniría el número suficiente de apoyos en el recinto para finalmente quedar designada en el cargo: muchos senadores que están en contra del aborto legal no consideran que la posición de la candidata sobre esta cuestión sea determinante para su desempeño en el cargo y además valoran que haya sorteado con éxito la selección y sin firmas en contra de parte de la comisión bicameral.