Después de que la semana pasada el Senado rechazara los pliegos de los postulantes que había presentado el Poder Ejecutivo para ocupar los cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, Manuel García Mansilla debe decidir si permanece en el puesto en el que fue designado por decreto del presidente Javier Milei para ejercer "en comisión" hasta fin de año, o si presenta su renuncia para habilitar que nuevos candidatos sean presentados y aprobados por el Congreso de la Nación.

El revés legislativo tanto al catedrático como al juez Ariel Lijo para conformar el Máximo Tribunal puso fin a un largo camino que se había iniciado hace un año y que desde entonces implicaba una piedra en el zapato del Gobierno, ya que había declaradas objeciones a ambas postulaciones.

Mientras que Lijo ya quedó definitivamente afuera de la conversación, García Mansilla estaría listo para dar un paso al costado, pese a que las intenciones de la Casa Rosada serían que se quede en su sillón mientras el decreto firmado por el Presidente lo permite. No obstante, desde Balcarce 50 ya habían adelantado que la decisión es "estrictamente personal" y depende de él.

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En la propia conferencia de prensa antes de la votación del jueves pasado, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, aseguró que "en caso de que fueran rechazados los pliegos", la decisión correría por cuenta "pura y exclusivamente" de García Mansilla. Técnicamente, está en condiciones de quedarse hasta el 30 de noviembre.

En ese contexto, se acrecentaron en las últimas horas los rumores de que la dimisión se efectivizará entre este lunes y el martes. Y cada vez se considera menos potable su permanencia provisoria según lo estipulado por el decreto de Milei, que se ancla en que ese nombramiento en comisión "es constitucional" y que "no hay motivos para que renuncie".

En tanto, a última hora del viernes, más de 40 abogados, académicos y profesores de Derecho solicitaron su "cese inmediato" en el cargo. "Por respeto a la Constitución y al derecho que juró respetar, el Dr. García Mansilla debe apartarse del cargo para el que finalmente no ha sido designado", aseveró el documento. A su vez, la Justicia notificó al Gobierno -que entre bambalinas estaría presionando al magistrado para que no renuncie- que no podrá firmar fallos por los próximos tres meses. 

Con todo, fuentes judiciales citadas por La Nación indicaron que el Ejecutivo presentó en las últimas horas el recurso conocido como "per saltum", para contener la cautelar que fijó el juez Alejo Ramos Padilla para frenar cualquier firma de un nuevo fallo por parte del magistrado que no fue aceptado por la Cámara alta.

Ese texto le pide a la Corte que disponga la plena vigencia del Decreto 137/25, que fue el que designó al cuarto magistrado de la máxima instancia judicial del país. De aceptarlo, cesaría provisoriamente la vigencia de lo dictaminado por Ramos Padilla. El vericueto liberaría el recorrido para que finalmente, si así lo desea, el flamante ministro dimita ante Milei, no en respuesta a la cautelar, sino por determinación propia.

La semana pasada, el Congreso puso fin a un arduo camino de un año lleno de obstáculos y objetó por mayoría tanto a Lijo como a García Mansilla. El debate giró -sobre todo- alrededor del hecho de que las designaciones se habían hecho por decreto presidencial.

Varios legisladores remarcaron una frase que el catedrático con gran cantidad de pergaminos mencionó en su audiencia en la comisión de Acuerdos. Allí expresó que en el escenario de 2015-2016 él no hubiese aceptado ser miembro del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación por decreto, a pesar de reconocer que es una facultad del Ejecutivo.