La semana pasada, miles de manifestantes nucleados en la Unidad Piquetera cortaron la calle y acamparon en la Avenida 9 de Julio en reclamo de la reapertura de los planes sociales y mayor asistencia alimentaria para comedores y merenderos y exigieron más empleo genuino. “Me da mucha bronca”, es algo que podría haber dicho cualquiera de los conductores atorados en el centro porteño, pero en realidad fueron las palabras del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

“Lo que pasó acá fue una extorsión. Usan a la gente, la traen en colectivo extorsionados porque si no vienen les sacan el plan porque el plan lo manejan las organizaciones que usan a los chicos y a las mujeres. Son unos cobardes”, apuntó el dirigente del PRO, quien aprovechó para plantearle al Gobierno nacional una exigencia que generó una gran polémica en la agenda pública. “Les pedimos que les saquen los planes sociales; los planes sociales tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela. Hagan cumplir la ley y saquen los planes sociales a esa gente y así no van a venir más”, deslizó el alcalde de la Ciudad.

¿Se puede?

Según respondieron a este medio desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, donde se articulan y ejecutan la gran mayoría de los programas sociales, no. “Puede llegar a suceder cuando está vinculado a algún tipo de delito penal”, explicó a El Canciller el coordinador de Fortalecimiento de la Economía Social y Popular Francisco Cubría, hombre del Movimiento Evita y de la Secretaría de Economía Social que dirige su referente nacional, Emilio Pérsico.

Según el funcionario de la cartera social, cada cierta cantidad de meses, hay una instancia en donde se cruzan los datos de todos los titulares vinculados al Potenciar Trabajo “y en donde se ve que no tengan más de una propiedad, más de un vehículo y que también no esté vinculado a una instancia penal”. Por eso, cuando ocurrió el atentado al Congreso y al despacho de la vicepresidenta de la Nación en particular, los implicados fueron separados del programa social.

¿Hay delito?

En tanto, la propuesta del jefe de Gobierno porteño deja entrever que, en su cosmovisión, la manifestación social en las calles constituye un acto delictivo. ¿Pero es así? Según el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, no. “Es una forma de aquellos que no tienen posibilidad de expresar su reclamos de hacerse visibles. Y el único lugar o espacio común en el que pueden hacer ese reclamo es la calle”, precisó el especialista.

Para Diego Morales, director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la propuesta de Rodríguez Larreta “no es legítima”. Esto es así, porque “anula el derecho a la protección social”, para lo que “se fijan criterios de acceso y de exclusión, como conseguir empleo formal”. En ese sentido, agregó: “Jamás podría excluirse a una persona por participar en una marcha, ejercer su derecho a reclamar a las autoridades, peticionar o manifestarse en la vía pública”.

La cuestión política

Entre los detractores de la propuesta del alcalde, algunos la adjudican a un posicionamiento político. “Están envalentonados en avanzar con políticas vinculadas a la derecha porque, en el procedimiento electoral que tuvimos en 2021, cierta parte de la sociedad bancó a algunos actores y actrices que difunden este tipo de políticas. Desde la mano dura y el acompañamiento a los militares a esto”, señaló Cubría, quien además le machacó al referente del PRO su lejanía con el “territorio”.

El argumento central de Larreta tiene que ver con las condiciones propias de esos mismos planes. “Ponen a los chicos como escudo para que no los desalojen y los chicos tiene que estar en la escuela no acampando”, fundamentó este martes. Acerca de esto, Cubría criticó: “La está pifiando. A nadie le gusta estar cortando la calle, cagándose de frío o de calor, y mucho menos con tus chicos”. En el mismo sentido, Diego Morales planteó: “La caracterización que hace el jefe de gobierno implica una estigmatización asociada a la posición económica de las personas que afecta el derecho a la dignidad y al principio de igualdad y no discriminación”.