Consejo de la Magistratura: cruces, demoras y una ¿nueva reglamentación? para evitar la parálisis judicial
No dan los tiempos para la reforma parlamentaria ni para que el órgano se adecúe a la vieja composición. JxC quiere la presidencia en manos de la Corte. La ¿alternativa? Camaño.
A diez días de la fecha límite que estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para que el Congreso dicte una nueva ley que reformara el Consejo de la Magistratura (CM), las negociaciones parlamentarias embarraron el camino: el oficialismo del Senado buscará la media sanción esta semana, pero tanto en el Frente de Todos (FDT) como en Juntos por el Cambio no creen que lleguen con los tiempos para que se apruebe en Diputados antes del 15 de abril. “Está difícil, vamos a tener un tiempo muy justo”, reconoció Pablo Tonelli, hombre del PRO en la Cámara baja, a El Canciller.
El tratamiento en la Cámara alta iba a ser la semana pasada, pero por falta de voluntades, el bloque referenciado en Cristina Fernández de Kirchner debió consensuar modificaciones de otros senadores para contar con el apoyo de sus aliados y así llegar a la media sanción. El proyecto del Ejecutivo propone elevar la cantidad de consejeros de 13 a 17. Mientras que JxC plantea que la composición debe ser de 20 y con la titularidad a cargo del presidente de la CSJN, tal como era en su configuración original, antes de la reforma de 2006, impulsada por la actual vicepresidenta cuando era senadora.
Cortar el cable correcto
El minutero que los cortesanos activaron y que tiene como punto final las cero horas del 15 de abril hace sudar la gota gorda del Poder Judicial entero. En su fallo, el Máximo Tribunal fue certero: si no hay ley para ese entonces, el órgano regulador deberá readecuar su composición a la original de 20 integrantes; caso contrario, será nula cualquiera de sus acciones desde ese momento. La parálisis de uno de los tres pilares republicanos sería una catástrofe institucional. Para ilustrarlo mejor: ni siquiera podrían pagarse los sueldos.
La situación se complejiza aún más con la existencia de otro inconveniente: “no se llega” tampoco a incorporar los siete consejeros que faltan en estos diez días. El Consejo se enfrenta a una delicada situación en donde debe desactivar la bomba de tiempo que dejó la Corte hace unos meses.
“No se va a paralizar, no lo vamos a permitir”, sostuvo a El Canciller el presidente del Consejo, Alberto Lugones, quien comentó que en la mesa donde hoy hay 13 sillas están trabajando en una reglamentación que permita que el órgano en particular, y el Poder Judicial en general, sigan funcionando. Según precisó la autoridad, la iniciativa goza de amplo consenso en la mesa del CM. “Seguramente salga. Todos estamos de acuerdo”, anticipó.
En el camino hay dos hitos significantes. El primero es la elección de este martes donde los abogados deberán decidir a sus dos consejeras representantes. Allí, la lista que fogonea el oficialismo es la de María Fernández Vázquez, quien se enfrenta a la de Jimena de la Torre, exsubdirectora de la AFIP y jefa de Gabinete de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el gobierno de Mauricio Macri. El Gobierno puso el grito en el cielo al enterarse de su candidatura: apuntan que no se trata de una candidatura en representación del estamento técnico de los abogados, como debiera ser, sino al ala política.
“Es cierto que participó de la gestión pero de política no tiene nada. Ella es una especialista en derecho tributario que trabajó en la AFIP en esa condición. No es un cuadro ni tiene militancia política. Antecedentes tenemos todos; así que, si es por eso, va a ser difícil encontrar a alguien que no lo tenga”, refutó Tonelli a este medio. El segundo hito se producirá dos días más tarde, el jueves, en el marco de las elecciones de otro claustro: el de los jueces, donde deberán elegir cuál de las tres magistradas en carrera integrará la mesa.
La diferencia de fondo
Cualquiera podría preguntarse si no sería más simple que oficialismo y oposición se pusieran de acuerdo en el Congreso y dictaran una nueva ley. ¿Qué es lo que separa a los dos grandes signos políticos? Una diferencia fundamental. El proyecto del Ejecutivo no prevé ninguna participación de la CSJN en la nueva composición, mientras que JxC exige no solo su presencia, sino también que el titular del Máximo Tribunal presida también el Consejo. “Creemos que es necesario y que corresponde”, planteó Tonelli.
En el kirchnerismo no quieren saber nada. Sobre esto, el diputado del PRO comentó: “Están peleados con la Corte. Esto quedó muy claro con la visita que hizo el ministro de Justicia (Martín Soria) hace unas semanas. El oficialismo desconfía de la Corte”. Pero en la cúpula del órgano regulador también rechazan esa idea.
Lugones, cercano al Gobierno, marcó un impedimento técnico, que excede lo político: en la Corte Interamericana de Justicia tramitan en este momento dos reclamos de tres jueces removidos –Mirta Torres Nieto, Guillermo Tiscornia y Luis Leiva– por el Consejo previo a 2006, donde estaba la CSJN. Según Lugones, el fallo hará responsable al Estado argentino por tener a los jueces de la Corte en funciones simultáneas dentro del Consejo y el Máximo Tribunal.
“El Estado argentino sería responsable por las decisiones tomadas a partir de la digresión de no prohibir la forma institucional que evitara que los jueces de la Corte juzguen dos veces”, explicó el presidente del CM. “La presencia de un mismo magistrado en ambos órganos sería incompatible. Y te diría inconvencional: contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos”, agregó.
En paralelo, la diputada Graciela Camaño, del Interbloque Federal piensa en un punto intermedio: que haya un representante de la CSJN en la mesa, pero que no la presida. “Eso es una burla a la Corte, una tomada de pelo. Es la cabeza del Poder Judicial, de modo que si participa en el órgano de administración, tiene que tener la misma jerarquía que en el propio tribunal”, criticó Tonelli.