El Gobierno confirmó esta noche que Javier Milei vetará la reforma jubilatoria sancionada por el Senado, que recompone en un 8,1% los haberes previsionales e incorpora algunos otros cambios en ese sentido, al asegurar que esta norma "tiene como único objetivo destruir el programa económico".

"El Presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará", indicó el Ejecutivo en un comunicado difundido por sus redes sociales, después de una reunión en Olivos que el mandatario mantuvo con algunos de sus ministros y otros funcionarios del equipo económico.

"El Congreso nacional, en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implica necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años", remarcó.

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El proyecto, que ya tenía media sanción de Diputados, establece una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia vigente que activó el Gobierno.

Además, incorpora una compensación extra del 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero. 

Para evitar que la actualización de la canasta básica no quede desfasada, se optó por empujar en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09%.

Según el Ejecutivo, "esta ley implica un gasto adicional del 1,2% del PBI o, lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres".

"Mientras acusan a este Gobierno de licuar a los jubilados, desde enero sus haberes han aumentado un 5% en términos reales, mientras bajamos el gasto y destruimos la inflación", indicó el comunicado, que calificó al proyecto como "una estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal".

"Por lo tanto, será vetado por este Gobierno, que no tiene miedo de pagar los costos que hagan falta para sacar a este país de la decadencia en la que nos han sumergido", sentenció.

"Es tiempo de que la dirigencia política elija de qué lado quiere estar: del lado de los que queremos una Argentina distinta luego de décadas de fracaso o del lado de los extorsionadores que utilizan la política para su propio beneficio personal", cerró.

El 5 de junio pasado, apenas después de que Diputados diera media sanción al proyecto, Milei anunció que lo vetaría en caso de convertirse en ley, al considerar que atenta contra el equilibrio fiscal, una de las principales banderas de la gestión libertaria. 

"Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, les voy a vetar todo", argumentó en aquel entonces. "Me importa tres carajos", añadió.

Este jueves, después de que la Cámara alta convirtiera la iniciativa en ley, el primero en manifestarse por las redes sociales fue el vocero presidencial, Manuel Adorni. "El equilibrio fiscal es absolutamente innegociable. Fin", subrayó en su cuenta de X.

"El equilibrio fiscal es innegociable", sostuvo en la misma red social, acto seguido, el ministro de Economía, Luis Caputo.  

El Presidente, por su parte, reposteó las publicaciones de Adorni y del titular del Palacio de Hacienda, así como otra más extensa del vocero Javier Lanari: "El equilibrio fiscal es la columna vertebral del plan económico. Todo lo que ataque eso se va a vetar. El ‘costo político’ no lo va a pagar el que avisó que lo iba a vetar. Lo van a pagar los degenerados fiscales...".

En el caso de un veto parcial, Milei podrá proceder a la promulgación de determinados artículos y al rechazo de otros, siempre y cuando no modifique el espíritu del proyecto sancionado por el Congreso.    

Si el veto fuera total, la iniciativa regresará al Poder Legislativo, que tiene la opción de insistir en su sanción. Para que ello ocurra es necesario que ambas cámaras cuenten con dos tercios de los votos para imponer su intencionalidad inicial. De esta forma, la ley se promulgaría a pesar de la voluntad del mandatario.    

De no conseguirse el número en alguna de las dos cámaras, el veto se mantiene y el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año.