El Senado aprobó y convirtió en ley la reforma jubilatoria que ya tenía media sanción de Diputados y que Javier Milei amenazó con vetar, ya que considera que atenta contra su estrategia de equilibrio fiscal, al que este jueves calificó como "la columna vertebral del plan económico".

La iniciativa, avalada en general con 61 votos afirmativos y 8 negativos y acompañada también en particular, establece una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como sucede actualmente por disposición presidencial a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), pero incluye un plus del 8,1% y otros cambios que implican leves incrementos en los haberes previsionales.

El apoyo a la nueva fórmula de movilidad provino de los senadores de la Unión Cívica Radical (UCR), el kirchnerismo, algunos bloques provinciales e incluso del PRO. De este último partido, la única que se manifestó en contra fue Carmen Álvarez Rivero, en sintonía con los siete legisladores de La Libertad Avanza.

Cuando la propuesta recibió la aprobación de los diputados, el jefe de Estado adelantó que lo vetaría en caso de convertirse en ley, ya que, según consideró, pone en jaque su política de déficit cero y de reducción del gasto público. Dado que fue sancionada con más de dos tercios, en caso de que el mandatario libertario cumpla su promesa, ambas Cámaras podrán insistir con ese número para ratificar la norma surgida del Poder Legislativo.

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Horas antes de la votación, el Presidente había retuiteado un mensaje del subsecretario de prensa, Javier Lanari, quien sostuvo: "El equilibrio fiscal es la columna vertebral del plan económico. Todo lo que ataque eso se va a vetar. El "costo político" no lo va a pagar el que avisó que lo iba a vetar. Lo van a pagar los degenerados fiscales".

Ya iniciado el debate, el senador por la ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde señaló que "lo que hicieron con la plata de los jubilados fue un desastre" y reclamó que "el Estado tiene una obligación constitucional con los jubilados y pensionados de sostener el haber jubilatorio", a la vez que agregó: "Hoy el salario de los jubilados no alcanza para cubrir la canasta básica, de hecho, está un 40% por debajo de lo que lo dejó nuestro gobierno. Ahora dura a duras penas alcanza hasta el 18 de cada mes. Es necesario que se apruebe esta ley porque ellos se lo merecen". 

Por su parte, el presidente de la UCR, Martín Lousteau, indicó: "Desde el año 2017 las jubilaciones y pensiones perdieron un 45% de poder adquisitivo". Asimismo, añadió que "para que no pierdan poder adquisitivo hay que ajustar por IPC", pero explicó que "lo que hace este proyecto es que, si a la economía argentina le va bien y los salarios le ganan a la inflación, la mitad de la diferencia de lo que suben los salarios y lo que sube la inflación también va para una mejora de los jubilados".

"Lo que hacemos acá es un acto de justicia mínima, porque cuando el Presidente dijo 'se me fue la mano con el ajuste' afectó a más de un tercio de jubilados", sentenció.

Cerca del final del listado de oradores, el oficialista Bartolomé Abdala defendió la postura de La Libertad Avanza, pero reconoció que "la democracia está en deuda con los jubilados". Además, puntualizó: "Sabemos que hay un reclamo de la ciudadanía. Pero que nos vengan a decir que el problema es desde el 10 de diciembre, falta a la verdad, faltan a la ciudadanía". "Estamos en el camino correcto", defendió al referir al superávit fiscal. 

"Somos conscientes y tenemos mucha sensibilidad sobre la tercera edad, pero les quiero decir que si le hubieran dado tratamiento a la Ley Bases, desde enero a esta altura los jubilados ya estarían mejor", lanzó el libertario directo a los opositores.

Además del aumento de 8,1% -único punto aceptado por el Ejecutivo, que pretendía que fuera a partir del mes siguiente a la promulgación de la ley y no de forma retroactiva tal como fue dictaminado- y el cambio en la fórmula de actualización, la norma sancionada este jueves contempla un aumento anual en marzo.

A su vez, e instruye a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a cancelar la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales "no fueron transferidos al Estado nacional, como así también con los beneficiarios que cuenten con sentencia firme, dentro de los 6 meses de la promulgación de esta ley".