Tal como se preveía, Javier Milei firmó este martes los decretos para designar a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla como integrantes de la Corte Suprema de Justicia. La información fue confirmada en un comunicado por la Oficina del Presidente. El mandatario tenía plazo para rubricar el nombramiento sin el aval del Poder Legislativo hasta el próximo 1° de marzo, cuando se presentará en el Congreso para inaugurar el período de sesiones ordinarias.

Se trata del mismo mecanismo que utilizó Mauricio Macri durante su Presidencia (2015-2019), cuando puso en funciones en comisión a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti apenas pasados cuatro días de su asunción, el 14 de diciembre del 2015, mediante el decreto 83. Esos dos magistrados ocuparon los puestos que habían dejado libres Carlos Fayt y Raúl Zaffaroni.

En el comunicado, el Gobierno aclaró que el proceso para nominar a Lijo y García Mansilla se inició el 20 de marzo de 2024 y recordó que para fines de agosto "ambos candidatos quedaron en condiciones legales de obtener dictamen y que sus pliegos fueran sometidos a consideración del Senado".

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En ese marco, indicó que el Presidente optó por "guardar silencio" por la negativa de la Cámara alta de prestar acuerdo con los aspirantes propuestos, además, de resaltar que el artículo 99, inciso 4, de la Constitución "establece como atribución exclusiva" del jefe de Estado el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema.

"En ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores. De hecho, es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio que resuelva sus problemas", agregó.

Asimismo, desde la Oficina del Presidente subrayaron que "una notable mayoría del arco político" respaldó tanto a Néstor Kirchner como a Macri en la "designación temprana" de los jueces en sus respectivos mandatos. "Sin embargo, durante meses, han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aún cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República", consideraron.

En ese sentido, destacaron que la Constitución faculta al Presidente "a cubrir las vacantes de empleos", en este caso, los asientos liberados por Elena Highton de Nolasco en 2021 y por Juan Carlos Maqueda, a fines de 2024, que requieran "acuerdo del Senado y que se produzcan durante su receso".

De esta forma, expresó que la determinación de designar a ambos jueces hasta la finalización del próximo período legislativo se realizó con "el objetivo de normalizar el funcionamiento" del Máximo Tribunal, el cual "no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros". 

"El Gobierno Nacional no tolerará que los intereses de la política se impongan sobre los del pueblo argentino, bajo ningún tipo de circunstancia", concluyó.