Los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Neuquén, Rolando Figueroa, intimaron al Gobierno en defensa de las materias primas que, según aclararon, "son potestad de las provincias", ante el inminente vencimiento de los períodos de transición de las concesiones de generación hidroeléctrica en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén.

Según informó la administración rionegrina en un comunicado, el reclamo es "en defensa de los recursos naturales" de los territorios y buscando establecer "un claro precedente".

En el escrito, se precisó que Weretilneck envió una carta documento dirigida al ministerio del Interior, "sustentada en los artículos 1°, 5°, 121 y 124 de la Constitución Nacional", que establecen el dominio originario de los distritos sobre sus bienes, así como en "los artículos 70, 71 y 81 de la Constitución de Río Negro", que refuerzan la propiedad originaria de las riquezas ambientales en su territorio, "dejando en claro la potestad para controlar y regular su uso".

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Por su parte, se detalló que Figueroa envió otra carta documento al secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, en la que indica que "ante la falta de respuestas y de evasivas por parte del Estado, la provincia se ve forzada a intimar y exigir que se abstenga de tomar cualquier tipo de decisión o medida respecto de las represas, sin antes dar participación al gobierno local".

En ese marco, el mandatario neuquino aclaró que está haciendo referencia a "los aprovechamientos hidroeléctricos" de los ríos Limay y Neuquén y puntualmente a las concesiones de El Chocón, Piedra del Águila, Alicurá, Cerros Colorados y Arroyito, cuyos períodos de transición fueron recientemente prorrogados.

Ambos pidieron que "el Estado y sus dependencias se abstengan de otorgar cualquier tipo de concesión, prórroga o autorización relacionada con la explotación de dichos complejos hidroeléctricos" sin obtener previamente su consentimiento. Los distritos patagónicos advirtieron que "cualquier acción unilateral por parte del gobierno nacional será considerada inválida".

Además, subrayaron la posibilidad de "iniciar acciones legales contra los eventuales concesionarios o explotadores, en caso de no respetarse las disposiciones locales", puntualizó el comunicado.

Los gobernadores aseguran que "aspiran a la posibilidad de abrir un diálogo constructivo" con el poder central que "respete los principios constitucionales" de cada región.

La acción por parte de las jurisdicciones dueñas de los recursos establece un importante precedente en la relación entre el Estado y los distintos territorios que conforman la Argentina en materia de gestión de patrimonios naturales.