Como en el ajedrez, la Corte Suprema ejecutó hoy un paso para ganar tiempo y delinear su jugada final. El 29 de agosto escuchará en audiencia pública los argumentos a favor y en contra de un expediente clave: el FarmacityGate.

La importancia política de la decisión recae en un hombre: Mario Quintana, vicejefe de Gabinete, quién tiene un 3% de las acciones de la propiedad, aunque se presume que su fortuna creció de manera considerable. Quintana aseguró que se desprendería de las acciones el mes pasado aunque todavía no trascendió si efectivamente las vendió.

¿Qué es lo que se discute?

Farmacity pretende instalarse en la Provincia de Buenos Aires hace bastante tiempo pero una ley se lo impide, ya que no permite que sociedades anónimas puedan ser titulares de establecimientos farmacéuticos.

Hasta hace dos meses, la empresa había cosechado todas derrotas en la justicia provincial pero un dictamen de la Procuración General de la Nación le dio un atisbo de esperanza. En su escrito, la procuradora fiscal Laura Monti consideró que era inconstitucional el artículo de la ley que restringe el desembarco de la compañía en las tierras de María Eugenia Vidal.

¿Para qué la audiencia pública?

La Corte llama en casos de relevancia pública (Riachuelo, Ley de Medios) a audiencias públicos donde los “amigos del Tribunal” que se presenten pueden argumentar a favor o en contra. 

En este caso, y con la fecha ya puesta para luego de la feria judicial, se especula con la fecha en la que podría salir el fallo que finalmente decida la cuestión. Hay que recordar que sólo intervienen tres de los jueces: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Maqueda. Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz se excusaron debido a anteriores vínculos con la compañía.

Ni los argumentos de los amigos del Tribunal ni el dictamen de la Procuración son vinculantes para el Corte. Esto significa que los supremos pueden tomar como argumento lo que dicen o no. El partido está abierto.