Con la firma de un dictamen de mayoría con disidencias y la sesión para tratar la Ley Ómnibus en el recinto de la Cámara de Diputados pospuesta para el próximo martes, el oficialismo continúa sus negociaciones con la oposición “dialoguista”, en una pulseada en la que los gobernadores peronistas del Norte juegan un papel fundamental. El objetivo es llegar a un consenso sobre puntos que ya fueron modificados en parte respecto del proyecto original, pero que aún son motivo de conflicto y que podrían frenar la salida de la norma.

En este marco, el vicejefe de Gabinete de la Nación, José Rolandi, se reunió este jueves por la mañana en las oficinas del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, con los bloques que apoyaron el dictamen expresando su desacuerdo en algunos temas y que piden más cambios para apoyar el proyecto. Así, por su despacho pasaron los radicales Alejandro Cacace, Danya Tavela, Roxana Reyes, Soledad Carrizo, Lisandro Nieri y Pamela Varesay. Luego fue el turno de Miguel Ángel Pichetto y parte de la bancada que lidera, Hacemos Coalición Federal.

A su vez, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, encabeza desde las 15 en el Salón de la Ciencia de Casa Rosada un encuentro con representantes de entidades rurales, cámaras industriales y de servicios, con el objetivo de analizar tanto el proyecto “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023.

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Uno de los temas de la iniciativa conocida como Ley Ómnibus que genera más rispideces es la suba de retenciones, ya que si bien el proyecto con cambios eliminó el aumento al 15% para todas las economías regionales llevándolas a 0%, dejó firme aquel porcentaje para las exportaciones industriales, como así también el incremento de la alícuota al 33% para los derivados de soja, trigo y maíz.

Sin embargo, los opositores menos reticentes a La Libertad Avanza -e incluso sectores del aliado PRO- pretenden que no haya ningún aumento de retenciones. En su lugar, sugirieron al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que compense esos recursos que no ingresarán en las arcas públicas con otros gastos tributarios.

En este aspecto, el visto bueno de los mandatarios provinciales es clave para que los legisladores acompañen la iniciativa en el Congreso. Según informó el canal TN, los libertarios buscarán convencer a los Gobernadores para que acepten la suba de las retenciones al campo a cambio de la restitución del Impuesto a las Ganancias que, dado su carácter coparticipable, recompondría los ingresos de las cajas distritales.

Un ejemplo de esto lo constituyen los tres diputados que responden al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quienes antes integraban la bancada de Unión por la Patria pero ahora armaron su propio bloque, llamado “Independencia”, y que se estima que voten a favor de la Ley Ómnibus. A través del ministro del Interior, Guillermo Francos, el Gobierno también mantiene conversaciones con los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil; de Formosa, Gildo Insfrán y de San Luis, Marcelo Orrego. 

Otro punto del proyecto en el que aún no hay consenso es la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria. En principio, el oficialismo pretendía reemplazar el esquema actual con aumentos por decreto, pero luego dispuso ajustar los haberes en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

Esto sería a partir del 1° de abril pero, dado que la inflación de marzo saldría el 12 del cuarto mes del año, se tendría que tomar el dato correspondiente a febrero. En este marco, la oposición reclama alguna compensación extra para que la transición entre los dos sistemas no perjudique a los jubilados o bien, empezar a actualizar por IPC desde enero.

Por otro lado, el artículo de la iniciativa referido a la privatización de empresas estatales también podría frenar la salida del megapaquete de medidas, pese a que el oficialismo aceptó excluir a YPF del listado. Sin embargo, la Unión Cívica Radical (UCR) propone que la venta de cada compañía se trate por separado y que los pliegos sean aprobados por el Congreso, mientras que el bloque Hacemos Coalición Federal, encabezado por Miguel Ángel Pichetto, directamente se resiste a que se lleve a cabo el proceso con ARSAT, Nucleoeléctrica, Banco Nación y Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD).

En cuanto a la liquidación de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los gobernadores plantearon que antes de su traspaso al Tesoro Nacional los recursos debían utilizarse para saldar las deudas con las cajas provinciales y para pagar los juicios jubilatorios.

Finalmente, la delegación de las facultades legislativas al Poder Ejecutivo aún genera el rechazo de la oposición. Pese a que el oficialismo aceptó reducir el plazo de dos a un año, renovable por otros 12 meses con acuerdo del Congreso, la Coalición Cívica -que emitió su propio dictamen- pretende eliminar este punto, en tanto la UCR quiere restringir la cantidad de áreas y acotar el margen de acción del Gobierno.