La Ley de Alquileres vigente está cerca de recibir modificaciones en Diputados, aunque todavía deben seguir las negociaciones. La coalición oficialista impuso su mayoría logrando un despacho en la comisión de Legislación General, pese a no tener los números en el recinto para sancionar una nueva ley.

La comisión de Legislación General, conducida por la diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau, comenzó este miércoles pasadas las 15.30 a debatir las propuestas de cada bloque sobre la reforma de la ley de alquileres. En total se firmaron tres despachos: uno por el oficialismo (con 16 firmas), otro por Juntos por el Cambio (con 14) y un tercero encabezado por la legisladora de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño. Nuevamente, como viene pasando hace tiempo con algunas iniciativas legislativas, los acuerdos políticos con el Interbloque Federal definirán el destino de este proyecto. 

A priori, se creía que Juntos por el Cambio llegaría a un acuerdo con ese sector. Ambas posturas tenían puntos en común: proponían volver al plazo de dos años de contrato y que los aumentos fueran semestrales. Pero no fue así, y salieron dos despachos distintos de minoría.

¿Qué es lo que está en debate? 

La ley sancionada en 2020 a instancias del bloque de Cambiemos extendió la vigencia de los contratos de dos a tres años y fijó un indicador anual de ajuste de valores basado en un promedio de la inflación y los salarios, que ahora son cuestionados por inmobiliarias y propietarios y que son defendidas por las principales asociaciones de inquilinos.

Carla Carrizo (izquierda), Ceclilia Moreau (centro) y Karina Banfi (derecha)
Carla Carrizo (izquierda), Ceclilia Moreau (centro) y Karina Banfi (derecha)

¿Cuál es la postura de cada espacio?

El argumento del kirchnerismo es que esta ley no tuvo el tiempo suficiente de prueba. Se aprobó en junio de 2020, en plena crisis global por el COVID-19. “El último tiempo con la crisis económica y la pandemia, el tema de lo que representa un alquiler para la familia es altísimo y la las familias no tienen cómo hacer frente”, explicó la bonaerense Claudia Ormachea (Frente de Todos). 

El oficialista Daniel Arroyo destacó la importancia de "continuar con el plazo de los tres años, que es una ayuda a los inquilinos y el sistema de actualización actual" y sumar "incentivos para que los propietarios pongan sus viviendas en alquiler". "Hay que mantener un equilibrio entre estado y mercado", remarcó.

El diputado Pablo Tonellien representación del PRO, consideró que "el tema de los alquileres es difícil y delicado porque es difícil encontrar un punto medio entre los intereses de los inquilinos y propietarios" y pidió volver a los contratos con plazos de dos años, como prevé en el Código Civil y Comercial. También, consideró necesario “dar más libertad a las partes para que acuerden entre ellas”. Incluso fue más profundo y planteó que “hubiera derogado el artículo 16, por el cual se obliga a denunciar ante la AFIP los contratos de alquiler”.

Por su parte, el diputado de la UCR, Fabio Quetglas explicó los principales lineamientos del dictamen de Juntos por el Cambio que acompañará. “Partimos de la idea de que la ley fracasó y no produjo los efectos beneficiosos que se suponía”, indicó. A su vez, agregó: “Proponemos que vuelva al régimen anterior de dos años de contrato, con la posibilidad de prorrogarlo hasta un tercero para que cuando los contratos funcionen bien, no se le agreguen gastos a los inquilinos”.

La iniciativa que derivó en el dictamen de Camaño surgió a partir del proyecto del rionegriono Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro). Ese diputado expresó que: “No es la forma de abordar modificando la ley. Nuestro proyecto incluye medidas que tienden a corregir trabas y desincentivos, y también incluye una serie de medidas para incentivar fiscalmente a esta actividad”.

Seguirán las discusiones 

Fuentes del oficialismo consideraron que, tras analizar las diferentes posturas, lo más conveniente sería "darle más tiempo a la ley" y encarar las reformas con la mirada puesta en los incentivos ya que uno de los máximos inconvenientes radica en la falta de oferta de locaciones.

El texto del oficialismo propone mantener los aspectos esenciales de la ley vigente y sumar a esta incentivos fiscales para propietarios a través del impuesto a los bienes personales, junto con un sistema de fomento para la construcción destinada a viviendas en alquiler y habilitar las denuncias por posibles abusos ante Defensa del Consumidor.

A pesar del dictamen de mayoría, al Frente de Todos no le alcanzan los votos en el recinto para darle media sanción a la modificación que quieren. Tendrán que ir a buscar los votos de los bloques minoritarios que se aferran a los contratos de dos años y a los aumentos semestrales. Ante esta circunstancia, es muy probable que se retome el debate visto en la comisión y se implementen nuevas modificaciones.