La CGT, la CTA y partidos de izquierda denunciaron la ilegalidad del protocolo antipiquetes
Este miércoles se espera una movilización masiva por el aniversario del estallido social de 2001 y desde el Gobierno ya advirtieron que, si se incumple la ley, pondrán en marcha el "protocolo de orden público" anunciado por Bullrich.
A través de distintos medios, organizaciones sindicales y de izquierda denunciaron que el “protocolo de orden público” difundido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, representa una violación a los derechos de protesta.
Por un lado, la CGT y las CTA solicitaron la "intervención urgente" de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por otro, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) pidió la inconstitucionalidad del protocolo antipiquete ante la Justicia y Gabriel Solano, del Partido Obrero, sostuvo que las medias son “completamente ilegales".
En primer lugar, las centrales obreras le reclamaron a Gilbert Houngbo, el director general de la OIT, que intervenga en el asunto al considerar que "restringe y vulnera los derechos constitucionales", alienta a la "persecución sindical" y busca "criminalizar la protesta social".
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Asimismo, pidieron que la denuncia se remita "por violaciones al convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación" a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para su "urgente tratamiento".
"Es incompatible con las normas internacionales del trabajo y las recomendaciones de la OIT, se trata de una reglamentación abusiva tendiente a desconocer derechos constitucionales reconocidos, a su vez, por normas internacionales fundamentales a las que nuestro país ratificó", apuntaron en el documento firmado por los tres secretarios de Relaciones Internacionales, Gerardo Martínez, Adolfo Aguirre y Roberto Baradel.
Por otra parte, la denuncia del MST recayó ante la jueza María Servini, que se declaró incompetente y giró la cautelar al fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.
En la solicitud, cuestionaron que las medidas violan ciertos derechos consagrados en la Constitución Nacional y por eso reclaman que se suspenda su aplicación.
Según señalaron, con el protocolo se lesiona la libertad de expresión, asociación y reunión, así como el derecho de protesta y peticionar a las autoridades.
Finalmente, Gabriel Solano, uno de los dirigentes del Partido Obrero, afirmó que se trata de una serie de medidas “completamente ilegales" y recordó que “la protesta es un derecho de la Constitución y el Gobierno se lo está negando”.
“Mientras no haya estado de sitio, el derecho a la protesta es legal y lo están ilegalizando. Anunciaron medidas que son de espionaje (con la identificación facial). No sé cómo se puede tolerar semejante atropello a la población y después van a sancionar con la quita de un plan si van a protestar”, agregó Solano en declaraciones a CNN Radio.
Sobre el clima de la protesta del martes, advirtió: “Lo que tiene que pasar es que tiene que haber una marcha pacífica en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias del país. El Gobierno tiene que garantizar que ese derecho se pueda ejercer sin espionaje ni violencia”.
En este sentido, a menos de 24 horas para que inicie la manifestación, el dirigente piquetero Eduardo Belliboni aseguró: “Si hay incidentes, es culpa del Gobierno. Nosotros vamos a marchar pacíficamente”.