El fiscal federal Ramiro González imputó a Alberto Fernández en la causa que investiga la presunta contratación irregular de los seguros del Banco Nación para la administración pública, a través de un gestor privado, marido de una de sus secretarias. 

El expresidente fue denunciado junto al extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano por haber acudido supuestamente a un "broker y a empresas privadas" para intermediar en la gestión de seguros de vida otorgados por la ANSES a sus afiliados. 

La demanda fue presentada por la abogada Silvina Martínez, quien señaló la posible "violación a los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos".

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El fiscal González reclamó como medidas de prueba que "se solicite a la Jefatura de Gabinete y a la secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que aporten los antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del decreto que obligó a los entes públicos a contratar a Nación Seguros, a la que también exigió aportar información.

Según el fiscal, "la Superintendencia de Seguros de la Nación puede brindar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones".

Este miércoles por la noche, el exmandatario se había desligado del escándalo y negó gestiones con funcionarios de distintas dependencias públicas para que designaran como productor a su amigo Héctor Martínez Sosa, casado con su histórica secretaria, María Cantero. También quedó bajo la lupa el intermediario Pablo Torres García, "un empresario y bróker financiero que habría cobrado una comisión varias veces mayor a la del mercado.

"Dudo que ella haga una cosa así. Si lo hizo, no lo avalo. Ninguno te va a decir que pedí por alguien. Yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así. Y si fue así, se extralimitó", remarcó Fernández, en declaraciones a La Nación, con respecto a Cantero.

Fernández comentó que en 2021 firmó el decreto 823 para dictar la obligatoriedad de los entes públicos de contratar a Nación Seguros con la intención de terminar con la intermediación. 

Este jueves, en declaraciones a radio La Red, el exmandatario dijo que quiere que se investigue el caso. "Si la Justicia lo hace, se van a dar cuenta de la mentira que publicó Clarín", el medio que destapó el escándalo.

"Yo no me quedé ni con una goma de borrar del Estado. Les pido a todos que entren y miren mi declaración jurada, si cambió algo y si alguien se benefició", argumentó.

La causa impulsada por Martínez recayó en el juzgado federal número 11, a cargo del magistrado Julián Ercolini, y quedó registrada bajo el número 667/2024. 

"La trama de contrataciones opacas con el rubro seguro -actividad que Alberto Fernández conoce en profundidad porque allí inició su actividad política- fue revelada en una columna del editor general adjunto de Clarín, Ricardo Roa", indicó la abogada en su presentación. 

Además, la denunciante agregó que "el periodista contó que dentro de la ANSES se descubrió un negocio de $20.000 millones anuales y $300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios".

"Los $20.000 millones es lo que le paga la ANSES a Nación por año para asegurar la vida de jubilados y pensionados a los que les da créditos: desde 2011 los venía otorgando sin este seguro. A su vez Nación subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%. Unos $300 millones mensuales", abundó.