La Cámara de Senadores convirtió en Ley dos proyectos impulsados por Máximo Kirchner y con fuerte rechazo entre el empresariado argentino. El aporte extraordinario a las grandes fortunas y la modificación de la norma de manejo del fuego, dos iniciativas resistidas por el interbloque de Juntos por el Cambio, han generado un aluvión de críticas en los principales ejecutivos del país y el sector agroindustrial, respectivamente.

El Gobierno nacional se apresta a recaudar más de $300.000 millones con un tributo -por única vez- que deberán pagar las personas humanas con patrimonios superiores a los $200 millones. El texto fue validado por 42 votos afirmativos, en tanto recibió 26 negativos.

La alícuota a abonar irá variará entre el 2% y el 3,5%, según el monto de los bienes declarados, y alcanzaría a 11.855 personas, de acuerdo a las precisiones de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont. Además, habrá un diferencial para los bienes declarados en el exterior, del que sus propietarios quedarían exentos en caso de que decidan repatriar el 30% de esas tenencias.

Previo a su tratamiento en la Cámara de Diputados, el miércoles 18 de noviembre, donde la iniciativa tenía un escenario más espinoso para ser aprobada que en el Senado, los empresarios manifestaron su repudio al proyecto. La Mesa de Enlace agropecuaria consideró que el aporte "aumenta aún más la presión impositiva ya de por sí insoportable para el productor" y aseguró que el tributo tiene "carácter confiscatorio, que atenta contra la inversión, la incorporación de tecnología y la creación de empleo, en un momento en que la Argentina lo necesita desesperadamente".

El empresario industrial Teddy Karagozian, inicialmente cercano a Alberto Fernández, catalogó al aporte de "inconstitucional". "La democracia no es el sometimiento de las minorías por las mayorías, y como sucede cuando las minorías se van, esto aumentará la pobreza de nuestro país y su gente", afirmó. Por su parte, Martín Cabrales advirtió que "mucha gente va a judicializar el tema" y puntualizó que "si el impuesto sale gravado a los bienes productivos, muchas empresas van a tener que vender inmuebles o sacar un préstamo".

En tanto, el extinto presidente del Banco Macro, Jorge Brito, había expresado que la creación del impuesto, en un país con alta tributación, "sólo agrega más elementos a aquellos que quieren irse del país" y alertó por la generación de "una rebelión fiscal".

Modificación de la Ley de manejo del fuego

La iniciativa, concebida por el Frente de Todos luego de los incesantes incendios que azotaron a 14 provincias durante el año, busca impedir, por entre 30 y 60 años, la realización de emprendimientos inmobiliarios y la actividad agropecuaria en terrenos afectados por el fuego. El texto fue aprobado con 41 votos a favor y 28 en contra.

Las principales entidades del campo (Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentina y Coninagro) volvieron a poner el grito en el cielo por lo que consideran un verdadero riesgo a la producción agrícola y ganadera del país.

"Esta prohibición se da independientemente de que los incendios sean provocados o accidentales. Cabe aclarar, además, que se aplica a las superficies con bosques implantados o nativos, sumando nuevas restricciones a las ya existentes en la ley de bosques", expresaron su "alarma" a través de un comunicado.

Además, consideraron a la sanción de la norma como una "invasión" al derecho de la propiedad privada. "Estas restricciones afectan gravemente el derecho de propiedady son aplicadas incluso a aquellos individuos que no son culpables de estos incendios por tratarse de hechos accidentales o causados por dolo eventual o animoso de un tercero", agregaron.