A pesar de la mala semana que atravesó el Gobierno -debido tanto a los debates por los aumentos en las tarifas como a las críticas por la masa de reservas que vendió el Banco Central para calmar la subida del dólar-, el oficialismo envío al Congreso tres capítulos de la reforma laboral que no logró impulsar por a la disputa pública con el líder de camioneros Hugo Moyano y al costo político que significó la sanción de la reforma provisional en diciembre del año pasado.

La iniciativa, cuya discusión había quedado postergada luego de que el presidente Mauricio Macri entrara en un conflicto con el líder de camioneros Hugo Moyano, constará de tres proyectos que estaban en el paquete de la reforma laboral. Si bien el oficialismo tenía el apoyo de varios sindicalistas y dos de los tres triunviros de la CGT, el proyecto se enfrió por el costo político que podría haber significado.

El debate había quedado postergada luego de que el presidente Mauricio Macri entrara en un conflicto con el líder de camioneros Hugo Moyano

Por ahora, las tres iniciativas cuentan con el apoyo tanto del peronismo como de la conducción de la CGT ya que integraban la parte light de la reforma laboral -en las que casi todos los sectores estaban de acuerdo-.

Los proyectos tienen como principal objetivo reducir la informalidad del campo laboral. Entre los textos figuran: el plan para regularizar empleados en situación de informalidad en el que -además- se incluye eximir del pago de multas a los empresarios que blanqueen a sus trabajadores. En la misma línea, se debatirá el reconocimiento por parte del Estado de los aportes al sistema previsional por aquellos años en los que el empleado estuvo en informalidad. Por último la iniciativa prevé reconocer a los empleados informales el escalafón y la antigüedad.

La segunda carpeta apunta a la capacitación laboral en el cual se pretende mejorar el sistema de pasantías. Además, se prevé buscar modos de redistribuir a los trabajadores de oficios que están en desuso a través de la previa capacitación.

La última iniciativa contempla la creación de la agencia de tecnología médica -AGNET- que buscará bajar la cantidad de juicios laborales contra las distintas obras sociales del país. La AGNET funcionará como organismo descentralizado dentro del ministerio de Salud.