Uno de las tantas reformas incluidas en la Ley Bases que despertó polémicas fue el llamado "Silencio Positivo", que consiste básicamente en que si el Estado no responde a un trámite administrativo en determinado plazo, la respuesta por descarte será un sí. Este viernes entró en vigencia la iniciativa, que el Gobierno libertario consideró "un hito histórico".

Con esta reforma, destacó el Ejecutivo en un comunicado, se busca simplificar la relación entre ciudadanos y el Estado, eliminando trabas burocráticas, agilizando los tiempos de resolución en gestiones regladas y fomentando la inversión, al brindar certidumbre jurídica.

La medida se aplicará a más de 500 trámites administrativos a nivel nacional, abarcando desde la obtención de licencias hasta la inscripción en registros públicos.

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El "Silencio Positivo" entró en vigencia a partir del 1 de noviembre para la administración centralizada y del 1 de diciembre para la administración descentralizada. "De esta manera, el Gobierno avanza hacia una gestión pública ágil, moderna y al servicio de las necesidades de la ciudadanía, eliminando las barreras administrativas y promoviendo la eficiencia en los procesos", indicó el comunicado.

Además, se implementará en autorizaciones regladas, donde los ciudadanos ejercen derechos preexistentes, asegurando así la fluidez de los procesos administrativos y la reducción de la ineficiencia estatal. Sin embargo, esta medida no es aplicable a permisos para actividades restringidas o prohibidas por ley, como la tenencia de armas o el transporte de materiales peligrosos.

De la misma manera, el Gobierno pretenderá superar el esquema de "Silencio Administrativo Negativo", vigente desde 1972 y legado de normativas anticuadas que, ante la falta de respuesta, obligaban a los ciudadanos a reiniciar sus trámites.

En la misma línea, la modificación supondrá una sustancial reducción de costos y tiempo para los particulares, incentivando así el desarrollo de actividades económicas.