A fines de julio pasado, después de que el Gobierno venezolano expulsara de Caracas al personal diplomático de la administración libertaria a raíz de que la Casa Rosada reconociera a Edmundo González Urrutia como legítimo ganador de las elecciones presidenciales en el país caribeño, la situación de los opositores al régimen chavista asilados desde marzo en la embajada argentina fue de mal en peor.

Al asedio constante de la sede diplomática llevado a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad y personal parapolicial, se sumaron permanentes cortes del suministro de agua y de electricidad en el edificio, que desde entonces quedó bajo la protección y tutela administrativa de Brasil.

Magalli Meda, uno de los cinco dirigentes de la oposición que viven allí, volvió a recurrir este sábado a sus redes sociales para denunciar que el hostigamiento, lejos de detenerse, continúa. 

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"Desde esta cárcel/embajada de Argentina protegida por Brasil, hoy (sábado) a las 4:20 pm reportamos que fue negado el acceso de agua al camión cisterna para la entrega de suministro. El edificio está SIN AGUA", reclamó en X. 

"Negadas las medicinas de Omar González el viernes, negada el agua del camión cisterna hoy", cerró quien se desempeñó como jefa de campaña de la proscripta líder de la oposición y aliada de González Urrutia, María Corina Machado,

Además de Meda y el exdiputado González, también están alojados en la embajada argentina, situada en el barrio Las Mercedes, los opositores Pedro Urruchurtu, Claudia Macero y Humberto Villalobos. Todos ellos, más Fernando Martínez Mottola, quien en diciembre pasado dejó la residencia para presentarse ante la Justicia, ingresaron en marzo de 2024 luego de ser acusados por Caracas de conspiración y traición a la patria. 

"Está totalmente descartado que nos entreguemos (...). Nos sabemos inocentes y que nuestras únicas acciones son buscar un cambio y la libertad de nuestro país", aseguró en una reciente entrevista el exlegislador, quien necesita una medicación cardíaca que toma diariamente. "De acá me sacarán muerto", sentenció González. 

El Gobierno de Javier Milei ha pedido en innumerables oportunidades los salvoconductos para que los dirigentes puedan abandonar Venezuela, pero el régimen de Nicolás Maduro ha hecho caso omiso a esas solicitudes. 

Mucho más desde que la Casa Rosada denunció ante la Corte Penal Internacional el secuestro del gendarme Nahuel Gallo, quien fue detenido de forma arbitraria en Táchira el último 8 de diciembre, cuando cruzó la frontera entre Colombia y Venezuela con la intención de visitar en Caracas a su esposa y a su pequeño hijo.

La Justicia venezolana acusa al catamarqueño de participar en actividades terroristas en ese país, entre ellas un supuesto plan para asesinar a la vicepresidente, Delcy Rodríguez.

El pasado 2 de enero, ocho días antes de la ilegítima reasunción presidencial de Maduro, el régimen difundió fotos y videos de Gallo caminando dentro de una prisión que podría ser la cárcel de El Rodeo, en el estado de Miranda, a unos 50 kilómetros al oeste de Caracas. Desde aquel momento, no ha habido más pruebas de vida del gendarme, pese a los insistentes reclamos de su familia y de la Cancillería argentina.