Un insólito error hizo tambalear la apelación del Gobierno al fallo contra la reforma laboral, pero fue subsanado
La abogada no había presentado las constancias necesarias para acreditar que representa al Estado, por lo que la Justicia dejó sin efecto el reclamo oficial hasta que así lo hizo.
Una insólita situación hizo tambalear la apelación del Gobierno nacional a la causa que impulsó la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el mega Decreto de Necesidad y Urgencia, y que logró frenar las reformas laborales con un fallo cautelar. Este lunes, la Cámara Nacional del Trabajo revocó el traslado del recurso extraordinario del Ejecutivo porque la abogada no justificó como se debe que es la representante legal del Estado y puede actuar en su nombre. Sin embargo, el error fue subsanado horas más tarde.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró en su cuenta oficial de X que este martes por la madrugada fue enviada la documentación correspondiente para que el reclamo del Poder Ejecutivo siga adelante en la Justicia: “Ante la confusa información que circuló, quedó subsanada la cuestión jurídica en relación a la apelación presentada. Fin”.
TE PODRÍA INTERESAR: Ley Ómnibus: el oficialismo abrió una mesa de negociación con la oposición "dialoguista" en busca acelerar el dictamen
A través de un escrito con fecha 16 de enero, tras la “presentación digital efectuada por el Estado Nacional”, el juez de la Cámara Alejandro Sudera confirmó que recibió la documentación indispensable para que avance el trámite.
Previamente, mediante otro fallo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había indicado que como “la Dra. Carolina Soledad Maidana no acompañó los instrumentos idóneos para acreditar la representación que dice investir y tampoco se invocó imposibilidad alguna de presentarlos", revocaba lo actuado y dejaba “sin efecto el traslado conferido".
Este traspié ya resuelto está vinculado con el reclamo que el Gobierno presentó el 8 de enero pasado para intentar que la Corte Suprema revoque el dictamen de dicha Cámara, por medio del cual hizo lugar al pedido de la CGT de poner freno a las modificaciones impulsadas por el DNU en materia laboral, precisamente a su capítulo IV.
Esa resolución fue dictada el 3 de enero, a contramano de las pretensiones del Gobierno, cuyo objetivo es concentrar toda la causa en el fuero contencioso administrativo y quitarla del ámbito de la Justicia laboral.
En medio de esta complicación circunstancial, en la Justicia laboral ya se dictaron cinco fallos en contra del DNU 70/2023, el primero de ellos impulsado por la CGT, cuya presentación se vio enmarcada en una movilización al Palacio de Tribunales el último miércoles del 2023.
Del otro lado, mientras los sindicatos organizan un paro contra el Gobierno para el 24 de enero, el comité de Pymes, Emprendedores y Productores -integrado por más de 2.000 pequeños empresarios- brindó su respaldo a la reforma laboral incluida en el megadecreto y convocó a un “cacerolazo para que todo el pueblo argentino le haga entender a la CGT que se terminaron los negocios de la mafia”.
El presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina, Rodolfo Llanos, destacó en declaraciones a radio Mitre: “Lo comparo con el fútbol, nosotros estamos organizando el primer campeonato de la historia de la República Argentina contra la CGT y el paro convocado, para el mismo día”.
El economista y empresario Gustavo Lázzari, que integra el mencionado comité, había considerado que las reformas laborales que incluye el DNU son apropiadas porque “permiten hacer contratos sin riesgo a que uno se asfixie por un juicio” y ”fomenta la contratación de personas".
Por su parte, los representantes sindicales consideran todo lo contrario: creen que es “muy peligroso” que el Ejecutivo “no quiera negociar, ni dialogar" y les “preocupa que haya un Presidente que deteste al Parlamento”, donde consideran que deberían debatirse los cambios planteados por el DNU de 366 artículos, incluido el capítulo laboral.