Devaluación, desregulaciones y reformas: el primer mes de Milei y todo lo que vendrá

Este miércoles, Javier Milei cumple un mes como Presidente de la Nación, un breve lapso que le ha alcanzado para levantar polvareda en la oposición por llevar adelante una estrategia de una magnitud pocas veces vista en la historia argentina: a diez días de iniciado su gobierno anunció el primer Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con 366 puntos para desregular la economía y reformar el Estado y, dos semanas después, completó su iniciativa con el envío al Congreso de un proyecto de “ley ómnibus” que incluye más de 600 artículos para derogar y modificar aquellos aspectos sobre los que no puede decidir sin la aprobación parlamentaria.

En conjunto, ambas medidas apuntan a cambiar de raíz normas económicas, políticas, laborales, tributarias y penales, entre otros puntos. Pero, esas aspiraciones no fueron las únicas en este primer mes de gestión libertaria, ya que en la primera semana llevó adelante una fuerte devaluación del peso frente al dólar, cuyos efectos repercutieron inmediatamente en una escalada inflacionaria aún más veloz, en los ya disparados precios de los productos de consumo básico.

"Comienza una nueva era en la Argentina", había vaticinado Milei el pasado 10 de diciembre, cuando dio su primer discurso como mandatario tras la ceremonia de asunción presidencial, en la que recibió los atributos de Alberto Fernández y de la entonces vicepresidenta, Cristina Kirchner, ante la Asamblea Legislativa.

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No obstante, la toma de posesión de Milei y su vice, Victoria Villarruel, solo cumplió esa formalidad protocolar para, apenas minutos después, salirse del libreto habitual y pronunciar sus primeras palabras como Presidente en las escalinatas del Congreso de la Nación, de cara a los seguidores que habían ido a vitorearlo; en lugar de hacerlo desde adentro del recinto, frente a los legisladores.

Aquel día, Milei planteó sus objetivos de gobierno en un mensaje que leyó durante 35 minutos, al aire libre, de pie frente a la plaza y de espaldas al Parlamento, algo que muchos opositores señalaron como un indicio de lo que consideran, 30 días después, que es una administración poco afín a las consultas y debates legislativos y más proclive a los “decretazos” y las “megaleyes" aprobadas en su totalidad, sin debates punto por punto.

Ante el panorama oscuro que expuso, y tras sostener que recibía la “peor herencia de la historia argentina”, Milei aseguró al asumir que daba por terminada "una larga y triste historia de decadencia y declive" en el país.

Pero también afirmó que, para lograrlo, no había otra "alternativa posible" que aplicar medidas de "ajuste" y "shock" que iban a impactar "de modo negativo sobre el nivel de actividad económica, el empleo, los salarios reales y la cantidad de pobres e indigentes".

"Nos han dejado plantada una hiperinflación. Vamos a luchar con uñas y dientes para erradicarla", explicó aquel domingo de diciembre. Y, si bien vaticinó que en el corto plazo la situación económica y social iba a "empeorar", tal como está ocurriendo, dijo estar confiado en que los "frutos del esfuerzo" de la sociedad iban a verse reflejados sobre en un "crecimiento sólido y sostenible en el tiempo".

Las primeras medidas

En su primera semana al frente del Gobierno, junto a su ministro de Economía y exfuncionario de Mauricio Macri, Luis Caputo, "el León" libertario aplicó una devaluación del 120% de la moneda nacional frente a la cotización oficial del dólar, que trepó hasta los $800.

Con esa medida, redujo del 170% al 30% la brecha cambiaria con otras cotizaciones de la divisa estadounidense, lo que inmediatamente derivó en un fuerte incremento de precios, principalmente en productos de la canasta básica como los alimentos. Según estimaciones privadas, la inflación rondaría el 30% en diciembre, dato que el mandatario consideró que, de concretarse, será “un numerazo” teniendo en cuenta que “iba para el 45%” mensual. 

En tanto, el 20 de diciembre pasado, Milei hizo públicos -a través de una cadena nacional en la que estuvo acompañado por el Gabinete- los alcances del DNU 70/2023: sin discusión parlamentaria, derogó una serie de leyes, puso fin a distintas regulaciones en materia económica y financiera, habilitó la privatización de empresas públicas y dispuso, entre más de 366 medidas, una reforma laboral y en el sistema de salud. 

El megadecreto fue puesto enseguida bajo la lupa desde diversos sectores de la sociedad. Algunos especialistas lo consideraron inconstitucional, mientras que se presentaron varios amparos para frenarlo. La Justicia aún analiza la cuestión, mientras está vigente la norma, excepto en su capítulo cuarto, porque se hizo lugar a un reclamo sindical en su contra. 

En ese contexto, la Confederación General del Trabajo (CGT) llevó adelante su primera marcha en protesta por la norma, se manifestó frente a los Tribunales, y anunció un paro para el próximo 24 de enero.

A las pocas semanas de firmar el DNU, el jefe de Estado envió a la Cámara de Diputados el proyecto de "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", la iniciativa con 664 artículos que el 9 de enero se comenzó a debatir en comisiones legislativas y que pide declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, con la posibilidad de prorrogar por otros dos años esas atribuciones.

El extenso texto, que contiene algunas de las medidas ya contempladas en el DNU, también incorpora modificaciones en términos electorales, entre ellas la derogación de las PASO y cambios en la composición de la Cámara baja; y penales, como la aplicación de prisión para quien -por medio de protestas y cortes de caminos y rutas- impida el transporte y otros servicios públicos; entre muchas otras reestructuraciones del Estado.

Los dos paquetes normativos tienen en su interior casi mil artículos y se encuentran bajo estudio del Congreso. Mientras que Milei le exigió celeridad a los legisladores porque considera que ambas iniciativas son centrales para lograr el repunte de Argentina, aclaró recientemente: "Nosotros no negociamos nada, aceptamos sugerencias para mejorar; es sutil la diferencia".

Asimismo, el Presidente dispuso la no renovación de unos 7.000 contratos de trabajadores estatales firmados durante 2023, y acompañó la puesta en vigencia del "protocolo para el mantenimiento del orden público" promovido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuyo objetivo es que las fuerzas de seguridad impidan que manifestantes ocupen las calles durante movilizaciones, marchas y protestas.

En lo que del mes de gestión, el llamado “protocolo antipiquetes” se aplicó en dos ocasiones -una de ellas la marcha convocada por la CGT- pese a las críticas de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil locales, que consideran que cercena la libertad de manifestación popular.

En materia de política exterior, el Gobierno nacional desestimó la invitación hecha para que el país se incorporara al bloque de países emergentes BRICS (que lideran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y dispuso alinear los intereses argentinos en materia internacional a los de Estados Unidos, Israel, Ucrania y Taiwán, entre otras naciones.

Cuando apenas pasó un mes de su asunción, el Presidente se mantiene apegado a sus ideas y promesas de campaña, a pesar de una férrea resistencia entre la oposición más dura -del kirchnerismo y la izquierda- y los reclamos del sector más dialoguista -parte del radicalismo y el peronismo disidente-, que espera algunas señales de negociación para poder respaldar al libertario, superando las reticencias que genera el envío de megamedidas en paquete sin permitir el debido análisis minucioso tema por tema de cada una de las decenas de reformas propuestas.