El presidente Javier Milei envió al Senado los pliegos para que Ariel Lijo y Manuel José García Mansilla sean quienes ocupen cargos en la Corte Suprema de Justicia. Los escritos, que llegaron en la noche del lunes a la Cámara Alta, cuentan con tres páginas cada uno  y llevan las firmas del mandatario y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. 

Lijo y García Mansilla fueron ofrecidos por Milei para tomar la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco, así como el puesto que quedará libre el próximo 29 de diciembre, cuando Juan Carlos Maqueda cumpla 75 años, ya que no ha presentado un pedido para permanecer en el alto tribunal más allá de esa fecha.

"Finalizado el procedimiento de participación ciudadana, conforme el Decreto Nº 222 del 19 de junio de 2003, modificado parcialmente por el Decreto N° 491 del 29 de mayo de 2018 y por el Decreto N° 267 del 20 de marzo de 2024, se procede a la elevación de la presente propuesta teniendo en cuenta la capacidad técnica y jurídica del citado profesional", remarcaron los pliegos.

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En el marco de este proceso, ahora entrado en su instancia legislativa, "se recibieron presentaciones de instituciones, de organizaciones no gubernamentales y asociaciones profesionales del quehacer judicial y académico; de los derechos humanos; sindicales y sociales y de juristas de reconocida relevancia tanto a nivel nacional como internacional y de la ciudadanía en general, destacándose el gran número favorable a su propuesta", indicó el Ejecutivo nacional.

En el caso de García Mansilla el Gobierno, destacó que "la mayoría de las opiniones fueron a favor" y que se "sustentan en su acreditada idoneidad para el desempeño del cargo de que se trata, su trayectoria como docente universitario, los numerosos artículos del que es autor y su reconocida solvencia intelectual".

Con respecto a su carrera, las autoridades gubernamentales destacaron que el letrado "ha dado muestras a lo largo de su trayectoria personal y profesional de respeto irrestricto a nuestra Carta Magna, al sistema democrático, y compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, todo lo cual lo erigen en un digno aspirante a ocupar un sitio en la Corte Suprema de Justicia".

A la hora de referirse a Lijo, también apuntaron que "la mayoría de las opiniones a su favor se sustentan en su acreditada idoneidad para el desempeño del cargo de que se trata, su trayectoria en el Poder Judicial de la Nación, su labor como docente universitario y su notable formación jurídica y permanente especialización en el campo del Derecho Penal".

Sobre las críticas que se hicieron públicas inmediatamente después de conocerse hace meses que el Gobierno intentaría postular a Lijo, el escrito concluyó: "Con relación a otros argumentos impugnatorios que se basaron en la falta de aptitudes morales e intelectuales, habilidades y/o experiencia del candidato y que resultan exigibles para ocupar el cargo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se señala que dichos extremos fueron sólidamente aclarados por el mismo postulante en ocasión de formular su descargo, no revistiendo ninguno de ellos entidad suficiente para erigirse por encima de las consideraciones en que se apoya la postulación".