A través del decreto 2024-712, el Gobierno nacional dispuso que las aeronaves públicas ya no podrán ser utilizadas en ninguna actividad privada y solamente estarán afectadas a las tareas al servicio del Estado.

La medida, que fue firmada por el presidente Javier Milei, sostiene que las aeronaves particulares de titularidad del Estado nacional, de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, de los municipios y de entes descentralizados, desconcentrados o de empresas estatales "podrán realizar actividades aerocomerciales de transporte", siempre y cuando cuenten con "las autorizaciones correspondientes otorgadas por la autoridad aeronáutica". 

La normativa también establece que los servicios de navegación aérea "deberán dar prioridad de operación a las naves públicas". 

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Además, señala que las mismas podrán ser utilizadas en diferentes tipos de contratos entre distintas áreas del gobierno, considerando que todas las partes involucradas "pertenezcan al Sector Público".

En el decreto también se ordenó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que, en un plazo de 120 días desde su publicación, establezca una normativa específica sobre el uso de aviones públicos o privados que sean propiedad del Estado.