Cuando el Gobierno está a pocos días de cumplir nueve meses de gestión, y a casi un mes de la promulgación de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el Ejecutivo nacional reglamentó este lunes el Título II de la normativa, referido a las reformas del Estado que el presidente Javier Milei se propone llevar a cabo desde su llegada a la Casa Rosada el 10 de diciembre de 2023.

A través del Decreto 695/2024 -y con las firmas de Milei, Guillermo Francos, Federico Sturzenegger y Luis Caputo- se pusieron en marcha las modificaciones que se relacionan con el sistema de empleo público, los cambios en los procesos administrativos y las privatizaciones de las empresas actualmente en manos del Estado.

La reglamentación fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, con el fin de acelerar la implementación de lo previsto en la ley que fue el resultado de un largo proceso y de disputas en el Congreso y con los gobernadores. Esas idas y vueltas le significaron un primer intento fallido de aprobación en la Cámara de Diputados durante las sesiones extraordinarias del verano pasado. Finalmente, se logró la sanción tras una ardua negociación política que encabezó Francos, primero como ministro del Interior y luego como jefe de Gabinete.

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"El Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer la reestructuración de los órganos u organismos de la administración central o descentralizada", indica el decreto, que también señala que tendrá también potestad para "disponer, en relación con las empresas y sociedades contempladas" en la normativa "la modificación o transformación de su estructura jurídica y su fusión, escisión, reorganización, reconformación o transferencia a las Provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos".

El texto también menciona la autorización para "modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos de conformidad con las reglas establecidas" en la ley "y las que surjan de sus normas de creación, instrumentos constitutivos u otra disposición aplicable".

Asimismo, establece los procedimientos para proceder respecto de las compañías y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional que "se declararon ‘sujetas a privatización’" y que fueron "enumeradas en el anexo I de la citada ley".

"En virtud de ello, deviene necesario proceder a la reglamentación de los referidos Capítulos con el fin de permitir su adecuada implementación", señaló el decreto que fija las precisiones respecto de la implementación de cerca de 60 artículos del megapaquete legislativo.