A tres días de la décima movilización de Ni Una Menos y en un contexto en el que durante 2023 se cometió un femicidio cada 28 horas, el Gobierno disolvió la subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género (exministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad), por lo que serán despedidos 500 empleados. En tanto, su ahora extitular Claudia Barcia renunció a sus funciones, que había asumido en marzo pasado.

Desde la entidad dependiente del ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, advirtieron a través de un comunicado que la decisión "dejaría sin asistencia a miles de víctimas", y denunciaron que "representa un enorme retroceso no solo para el movimiento feminista y de la diversidad, sino en la institucionalidad de género en nuestro país". 

En este marco, señalaron que "por primera vez desde 1992, fecha de creación del entonces Consejo Nacional de la Mujer", el país quedó "sin organismo responsable de la ejecución de políticas públicas que promuevan una vida libre de violencias, sin discriminación y en pos de la igualdad".

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"Llamamos a la sociedad en su conjunto a denunciar y amplificar este reclamo, para evitar este inmenso retroceso en materia de cumplimiento de la normativa nacional e internacional vigente, que protege y promueve el pleno ejercicio de derechos de mujeres y diversidades", agregaron desde la subsecretaría, a la vez que denunciaron la pretensión de "despedir al 80% de la planta".

Asimismo, convocaron a una asamblea abierta para el próximo martes 11 de junio a las 15.30 en la Plaza Congreso, a la que invitaron "a todas las organizaciones sociales, feministas, sindicales y personas de la sociedad, que quieran acompañar la lucha".

El ministerio fundado durante la Presidencia de Alberto Fernández había sido degradado a subsecretaría con la llegada de Javier Milei al Gobierno, dependiendo en un comienzo de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

Sin embargo, el Ejecutivo decretó el pasado 23 de mayo trasladarlo a la órbita de la secretaría de Justicia dentro del ministerio homónimo por "razones de fortalecimiento de la gestión que hacen imprescindibles" asignar al área que conduce Cúneo Libarona "las competencias relacionadas con el desarrollo de acciones de prevención y erradicación de la violencia por razones de género".

Según la información oficial, el objetivo era integrar dichas políticas "con las competencias jurídicas y de asistencia integral a las víctimas propias del ministerio" de Justicia.

Incluso, desde la cartera habían asegurado que trabajarían en la "adecuación operativa y presupuestaria necesaria para la efectiva implementación de esta transferencia", y que formularían "los cambios y erogaciones que estime convenientes para la optimización de la subsecretaría" ahora disuelta.