Llegó el momento más anunciado: Alberto Fernández y Martín Guzmán cerraron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el refinanciamiento de los U$S 45.000 millones que Argentina le debe al organismo multilateral desde 2018 y a partir del stand-by firmado por la gestión de Mauricio Macri. El entendimiento tendrá 19 días para pasar por ambas cámaras del Congreso y promulgarse, antes de los vencimientos de U$S 3.200 millones del 22 de marzo.

Tic-tac, tic-tac…

Los relojes de los diputados marcaban casi las 12 del mediodía de este jueves, momento en el cual estaba previsto que ingresara el acuerdo a la Cámara. Todas las autoridades de los bloques parlamentarios ya habían llegado, pero el protagonista de la fiesta de recibimiento aún no y los globos ya comenzaban a pincharse. Desde la Casa Rosada acusaban “problemas de traducción” en el wording final del entendimiento. Para aparentar normalidad, se llevó a cabo de todas formas la reunión pautada entre el titular de la Cámara, Sergio Massa, los jefes de bloque y las autoridades de la Comisión de Presupuesto.

No se habló sobre el contenido del acuerdo en sí mismo, pero sí se definió el cronograma de trabajo parlamentario que seguirá un vez ingresado. Uno de los asistentes habló con El Canciller acerca del encuentro y contó: “Hubo posiciones entendibles entre todos. El clima fue cordial y de diálogo”. En la oposición había descontento por hacerlos esperar una vez más. “En realidad está demorado dos años, no unas horas. Tuvieron tiempo desde que asumieron. Toda esta demora es por responsabilidad del Poder Ejecutivo”, se quejaron ante este medio.

El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa en reunión parlamentaria junto a los jefes de bloque y autoridades de la Comisión de Presupuesto.
El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa en reunión parlamentaria junto a los jefes de bloque y autoridades de la Comisión de Presupuesto.

Después de mostrar los tres artículos del proyecto –el entendimiento irá en el anexo–, el líder del Frente Renovador propuso los plazos. La idea es que el dictamen esté el miércoles, para que el documento se debata en el recinto el jueves –o viernes a más tardar–. Así, el debate comenzará el lunes a las 14 en comisión y allí hablarán el ministro Martín Guzmán; el jefe de Gabinete Juan Manzur; el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; y el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce.

Un día después, el martes, le tocará a la sociedad civil exponer y plantear sus dudas. Los invitados: la CGT, la CTA, los movimientos sociales, las cámaras empresarias y el Grupo de los 6 (la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la UIA, CAC, ABA y Camarco). Además, los gobernadores también podrán estar presentes.

A su vez, el miércoles se producirá el plenario a las 10 de la mañana. Según pudo saber El Canciller, la oposición manifestó que “los funcionarios se tienen que quedar hasta que se agoten los temas” y que “los diputados que quieran tengan el uso de la palabra el día miércoles”. En tanto, “si los diputados que se anoten siguen hablando el jueves, el debate en el recinto tendrá que ser el viernes”.

En Juntos por el Cambio (JxC) aceptaron los plazos, pero igualmente consideran que es poco tiempo para las autoridades y también para las organizaciones civiles. No quieren un tratamiento express. “La verdad que los tiempos son bastante acotados y apresurados”, precisó un diputado del bloque radical.

En la reunión, el oficialismo planteó que también expusieran los exfuncionarios de la gestión anterior que tuvieron responsabilidades en la firma del acuerdo de 2018. “Les dijimos que no”, contó un referente de la oposición que, durante la reunión, le respondió a los frentetodistas: “Eso no tiene nada que ver con esto. Este es un acuerdo de ustedes, si quieren citar a los funcionarios háganlo en la bicameral de la deuda, acá no corresponde”. Finalmente, en la bancada dirigida por Germán Martínez desistieron en la iniciativa.

Ahora sí, se cerró

Pese al tambaleo final, el Ministerio de Economía anunció cerca de las tres de la tarde que el Ejecutivo firmó oficialmente el acuerdo con el FMI. El ingreso del documento titulado “Acuerdo para el Refinanciamiento de la Deuda entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional” al Congreso se efectivizó este viernes.

En un comunicado oficial, el Gobierno ratificó las condiciones del entendimiento que trascendieron hace semanas. Habrá revisiones trimestrales de cumplimiento para autorizar los desembolsos que tendrán un período de repago de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, “lo que implica comenzar a pagar la deuda a partir de 2026 y hasta 2034”. Se remarcó la “coincidencia en que la inflación es un fenómeno multicausal” a combatir mediante, entre otras cosas, la reducción gradual de la emisión monetaria y una política común de precios e ingresos “para anclar expectativas”.

Además, se buscará compatibilizar el tipo de cambio real con un horizonte de engrosamiento de las reservas del Banco Central. Así, se apuntará a la consolidación fiscal progresiva en aras de reducir el déficit fiscal primario hacia cero en cuatro años (hasta 2,5% del PIB en 2022, 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024).

Además, se piensa en una política monetaria de tasas de interés reales positivas, se descarta la posibilidad de una reforma previsional que redunde en un perjuicio para las jubilaciones y se pretende el establecimiento de “tarifas razonables” para los servicios de gas y electricidad de forma “justa y equitativa”. En ese sentido, el Gobierno anunció esta mañana cómo será la segmentación tarifaria de tres niveles de usuarios para 2022 y 2023.

Por otro lado, el FMI también brindó su versión oficial y, en un comunicado público, advirtió: “Se hará énfasis en la mejora creíble de las finanzas públicas. Esto se basará en un conjunto equilibrado de políticas de ingresos, con énfasis en la progresividad, la eficiencia y el cumplimiento, y políticas de gastos, que reduzcan los subsidios energéticos no focalizados y se reorienten hacia inversiones sociales y de infraestructura más productivas, para fortalecer la sostenibilidad de la deuda y apoyar la recuperación”. A su vez, anticipó que “también se espera que el programa catalice apoyo financiero oficial internacional adicional”.