En una conferencia de prensa poco usual, la portavoz oficial Gabriela Cerruti apareció de forma remota en la Casa Rosada –a causa de su aislamiento por resultado de test de coronavirus positivo– y despejó dudas acerca del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sobre esto, hizo mención a un punto en particular: la segmentación tarifaria acordada con el organismo multilateral de crédito que alcanzará tanto a residenciales como no residenciales ¿Cómo será?

La segmentación. El puerto en común al que llegaron el Ejecutivo argentino y la entidad financiera establece una diferenciación de “tres niveles” de usuarios para la ejecución de aumentos durante 2022 y 2023. Los que sigan siendo beneficiarios de la asistencia estatal verán incrementos de entre el 20% y el 42% en sus facturas.

Las categorías. El 10% con mayor poder adquisitivo dejará de recibir el subsidio y pagarán la totalidad de la tarifa sin ayuda del Estado. Por otra parte, para los beneficiarios de la tarifa social, el aumento anual será el 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año previo. Es decir, la suba estará atada a los sueldos del sector formal y registrado y crecerá a menos de la mitad de su velocidad para preservar el valor adquisitivo de los que cobran planes sociales. En cuanto al resto de los usuarios, el incremento anual se medirá de la misma forma pero se calculará a partir del 80% del coeficiente.

La palabra de Cerruti. “Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los topes previstos, para las categorías de segmentación de usuarios b) y c), si el Gobierno realiza una implementación exitosa del esquema de segmentación propuesto”, aseguró la vocera presidencial.

Ejemplo. El CVS en 2021 fue 56,4%. En tanto, los beneficiarios de la tarifa social sufrirían una suba del 22,58% en 2022, mientras que al resto de los usuarios les llegaría un incremento del 45% en sus boletas durante ese año.

Un aumento adentro. En marzo de este año ya se dispuso un aumento del 20% (promedio) en gas y 22% en electricidad a nivel nacional. Según explicaron desde la Rosada, esos incrementos estarán contemplados dentro del nuevo esquema y no se sobre-aplicarán. Por eso, se espera que, cómo mucho, haya otra suba de alrededor del 20% –para completar el máximo establecido por el coeficiente 2021– para la mayoría de los usuarios en lo que resta del año.

No residenciales. En cuanto a comercios e industrias, el Gobierno anticipó que se llevará a cabo una revisión tarifaria según la propuesta definida en audiencia pública para definir los aumentos de los usuarios enmarcados dentro de la categoría Grandes Usuarios del Distribuidor (GUDI) –aquellos que demandan una mayor potencia– y las pequeñas y medianas empresas restantes.