El Gobierno analiza distintas opciones para suspender y modificar la Ley de Alquileres
La norma genera descontento tanto en los inquilinos como en los propietarios. Cuáles son los puntos problemáticos y qué piensa hacer la administración nacional.
"El Congreso sancionó, no con mala fe sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó", dijo el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y disparó una discusión sobre la posibilidad de que cambiar o derogar la Ley de Alquileres que se sancionó el año pasado con el aval de la oposición, que la había impulsado en la Cámara baja en noviembre 2019 –cuando Mauricio Macri ejercía la presidencia–. La normativa aumentó los precios de los alquileres y generó más incertidumbre tanto para el inquilino como para el propietario. Por eso, el líder del Frente Renovador llamó a “discutir una nueva ley”.
¿Cuáles son las opciones?
En conjunto con Jorge Ferraresi, ministro de Hábitat y Vivienda, y Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica, surgieron dos ideas: la primera consistiría en sancionar en el Congreso una nueva ley que suspenda por 180 días y que integre las correcciones necesarias respecto de la vigente; la segunda es que el Ejecutivo firme un decreto que disponga esa misma suspensión y mientras tanto se redacte durante ese período una nueva norma. La encargada de redactar el documento será la diputada electa del massismo Marcela Passo, que ingresará al recinto el 10 de diciembre.
¿Cuáles son los puntos que se revisarán?
La duración de los contratos será un tema a estudiar. La Ley de Alquileres aumentó el período mínimo de dos a tres años. Si bien esto aportó previsibilidad para los inquilinos, es una de las principales quejas de los propietarios, que a su vez tienen mayores restricciones para rescindir el contrato.
La forma de calcular las actualizaciones también se convirtió en un problema y es algo que intentarán modificar. Antes, los incrementos eran semestrales, pero desde la sanción de la nueva norma los aumentos al primer año de firmar los inquilinos deben afrontar un ajuste calibrado a partir de un coeficiente que tomaba en cuenta en un 50% las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) –es decir, la inflación– y en otro 50% el salario promedio de los trabajadores del sector privado formal (RIPTE). Como la suba de precios viene acelarándose en los últimos meses, ello se convirtió en una preocupación cada vez más grande para quienes pagan cada mes por su techo.
Por otra parte, el registro en AFIP también es un punto que ven con atención en el equipo interministerial. Actualmente, hay solo 230 mil inscriptos y en el ministerio de Ferraresi estiman que existen más de 2,5 millones de personas en ese universo. En la cartera de Vivienda deberán analizar por qué no funcionó.
Por último, el tema de las garantías: con la ley vigente, el inquilino puede presentar recibos de sueldo, seguros de caución, garantía de fianza y aval bancario. Lo cierto es que a los que deben presentarlas les sigue costando conseguirlas, y a los que deben recibirlas –los propietarios– les generaba más tranquilidad el sistema anterior.
Asimismo, en el oficialismo reconocen que la normativa actual no contempló las diversas situaciones que se presentan en los distintos puntos del país. No es igual lo que sucede en el mercado inmobiliario de la Capital Federal a lo que ocurre en ciertos puntos del interior del país. La nueva ley tendrá una mirada más federal y reparará en ese aspecto.