El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina, por lo que el país no será parte de la "lista gris" del organismo, que penaliza a los Estados que no combaten el lavado de dinero y evitará sanciones. El análisis que comenzó a fines de 2023 abarcaba el gobierno de Alberto Fernández.  

La decisión se dio a conocer en el marco de la cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas llevado a cabo en París, Francia, de la que participaron el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci; el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky; y Eugenio Curia, un diplomático de carrera que coordinó el trabajo. 

Además, también estuvo Juan Tomás Rodríguez Ponte, director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado como representante de la Corte Suprema. 

"Gracias al arduo trabajo del Gobierno de Javier Milei, Argentina evitó caer en la lista gris. Desde el Ministerio de Justicia atendimos las observaciones que nos hicieron, para fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales, reafirmando nuestro compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo", remarcó Cúneo Libarona tras conocerse la resolución. 

TE PODRÍA INTERESAR: Petri y el polémico comunicado que llamó "Falklands" a las Malvinas: "Vamos a echar al responsable malnacido"

"Este resultado no habría sido posible sin el esfuerzo conjunto de los distintos organismos públicos que trabajaron para subsanar las falencias heredadas", señaló el funcionario. Además, apuntó que "durante el gobierno de Cristina Kirchner (por 2009), el país había sido incluido en esa lista y el año pasado el kirchnerismo nos había dejado nuevamente cerca". 

A su vez, aseguró que haber estado en la "lista gris", "afectó gravemente la reputación del país y limitó su acceso a financiamiento internacional".

El informe aprobado se basa en un proceso de evaluación desarrollado por el Estado argentino a través del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, creado por el decreto 331 publicado en 2019, y del equipo evaluador del GAFI, integrado por representantes de distintos organismos del Estado Nacional, incluida la Corte Suprema. 

En el documento, el país remarcó la "efectividad, principalmente en materia de investigación, procesamiento y sanción del delito de lavado de activos y el recupero de activos de esos delitos". 

Durante los últimos días, en París, se llevaron a cabo las últimas sesiones en las que los argentinos participaron de los grupos de trabajo y de reuniones bilaterales para responder a las consultas efectuadas por las delegaciones. 

Este jueves se trató el informe definitivo que obtuvo una mejora en la calificación que se había propuesto para las cuestiones en materia de cooperación internacional.