Como en cada suceso histórico, el círculo rojo debate cuáles son las razones, causas y explicaciones detrás del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el jueves pasado en Recoleta. Entendiendo que Fernando André Sabag Montiel –que gatilló dos veces a centímetros del rostro de CFK– no se trató de un “loco suelto”, sino como un producto de los discursos de odio cada vez más acentuados en la sociedad, el oficialismo comenzó a pensar alternativas para restringir ese tipo de incentivos a la violencia. Desde la oposición, sin embargo, denunciaron que se trata de una “ley mordaza” en contra de la libertad de expresión.

Donda. El domingo, la presidenta del INADI, Victoria Donda, publicó una columna titulada “La política del gatillo” en Infobae, donde opinó sobre los discursos de odio y planteó la necesidad de “tener una herramienta legal que sancione estas construcciones discursivas”. Fue una de las primeras en plantear la posibilidad de avanzar en algún tipo de legislación al respecto. “Las y los periodistas y la dirigencia tienen un rol social que les endilga una responsabilidad democrática; no pueden hacerse los inocentes o los sorprendidos”, expresó al tiempo en que apuntó contra la oposición: “Las armas de los odiadores las cargan los Macri, los Bullrich, los Milei, las Granata y los López Murphy”.

Otros indicios. El asesor presidencial Alejandro Grimson, también opinó que la “Argentina tiene que avanzar en la limitación de los discursos del odio para lograr convivencia democrática sin violencia”. Todo ello, para el investigador del Conicet, debería “plasmarse en una ley o en un conjunto de leyes”. Quien se posicionó de forma expresa en ese sentido fue el diputado oficialista Eduardo Valdés, que adelantó que con su equipo trabaja en una “Ley Micaela contra el odio”, en alusión a la normativa que obliga a funcionarios públicos a cursar capacitaciones de género. “Hay que trabajar sobre eso, desde las conciencias, espero que este proyecto lo firmemos oficialistas y opositores”, precisó el legislador cercano al Presidente.

Críticas. En un primer momento, en el Gabinete nacional pensaron que con el atentado a la Vicepresidenta podría abrirse el debate para una ley que restringiera la diseminación de este tipo de discursos, pero consideraban necesario que la oposición estuviera dispuesta a discutirlo. “El kirchnerismo propone una ley mordaza con el argumento de que la culpa de todo lo que pasa es del periodismo, la Justicia y la oposición, buscan controlar la libertad de expresión. No se lo vamos a permitir”, manifestó el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, cerrando cualquier posibilidad de acuerdo. El diputado nacional Ricardo López Murphy sumó: “Es una mordaza a los medios, a la oposición para que no pueda señalar las fechorías y las sinvergüenzadas que hacen”.

Desmentida. Este martes, la portavoz oficial Gabriela Cerruti aclaró que “no hay ningún proyecto que se esté analizando en ese sentido”. Asimismo, la vocera presidencial opinó: “Lo que hay que hacer es cumplir con la legislación vigente y poner en debate de qué estamos hablando cuando hablamos de discursos de odio”. En conversación con El Canciller, Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público y del Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales (NODIO), confirmó que “no hay ningún proyecto de ley” en mente.