Diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto en la Cámara baja para derogar la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sancionada a finales de 2020. La iniciativa, girada el lunes pasado, lleva las firmas de los legisladores Benedir Beltrán, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y Oscar Zago, el jefe del bloque.

El proyecto fue elevado antes del encuentro que el presidente Javier Milei mantendrá el próximo lunes 12 de febrero con el Papa Francisco en el Vaticano. 

La iniciativa tiene cinco artículos. El primero propone la derogación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

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El segundo impulsa la derogación y modificación del artículo 85 del Código Penal de la Nación para que se incluya la reclusión o prisión de tres a 10 años para quienes le practiquen el aborto a una mujer sin su consentimiento, mientras que la pena aumentaría a 15 años si la paciente muriera.

En caso de que la mujer brindara su consentimiento, al médico podría caberle entre uno y cuatro años de prisión y, si la paciente muriera, la pena podría ser de hasta seis años.

En el tercero, en tanto, se pide la derogación del artículo 85 bis del Código Penal y, en el cuarto, que se modifique el artículo 86 de ese mismo conjunto de normas jurídicas y se incluya la inhabilitación "especial por doble tiempo que el de la condena a los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo". 

"El aborto causado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta y con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre no es punible, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios", destaca el proyecto.

El quinto y último artículo de la iniciativa pide la modificación del artículo 88 del Código Penal para que se establezca el siguiente texto: "Será reprimida con prisión de uno a tres años la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible. El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho".

En referencia al artículo 88, en los fundamentos de la propuesta se indicó que se decidió eliminar la no punibilidad de los abortos de embarazos originados en una violación "por entender que ha sido sistemáticamente interpretada como una justificación de la práctica". 

"Sin embargo, dichos casos quedan comprendidos en la redacción propuesta para el artículo 88 del Código Penal, que autoriza al juez a eximir a la mujer de la pena en atención a las causas que la llevaron a abortar y a su comportamiento posterior, manteniendo así el carácter delictivo de la conducta. En efecto, creemos que no existe ninguna razón, por dramática que sea, que justifique el descarte de una vida inocente", resaltaron.

La idea de derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo había sido un eje de campaña de Javier Milei, quien incluso habló del tema en el reciente Foro Económico de Davos.

Al conocerse la noticia, la diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau escribió en su cuenta de X: "Los derechos conquistados no van a ser arrebatados". 

En el mismo sentido, su colega del Partido Gen Margarita Stolbizer aseguró que defenderá "la vigencia e implementación de la Ley 27.610 porque protege el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y evita la muerte de muchas mujeres, sobre todo las más pobres, frente a un Estado que todavía se pretende hacer más ausente".

"¡No vamos a permitir ni un paso atrás en materia de derechos humanos! #AbortoLegal se defiende", posteó, a turno, el legislador socialista Esteban Paulón.