El Grupo Walmart, conducido por el político Francisco de Narváez, llegó a un acuerdo con el sindicato de camioneros de la familia Moyano y abonará por única vez un bono que oscilará entre 115.000 y un millón de pesos. Será para 477 trabajadores de la cadena de supermercados, según la antigüedad de cada uno. La resolución llega, en parte, por la mediación de Sergio Massa tras meses de conflicto, negociaciones que rozaron la violencia e incertidumbre.

Desde que en noviembre de 2020 el Grupo de Narváez asumió la gestión de la empresa, Pablo Moyano lideró un reclamo bajo un lema histórico de su padre, Hugo: exigirle a las nuevas gerencias que eche a parte de los trabajadores antiguos, los indemnice como corresponde y, finalmente, los vuelva a emplear. O sea, una transferencia de contratos de trabajo. En la jerga empresarial a este procedimiento se lo denomina “Ley Moyano”. 

De movida, la conducción de Walmart rechazó el intento del gremio, aseverando que sólo cambiaron los accionistas de la firma y el CUIT era el mismo. Camioneros solicitaba aplicar la Ley Moyano a al menos 500 trabajadores del centro de distribución ubicado en Cuartel V, Moreno, provincia de Buenos Aires. Fue entonces cuando la protesta trascendió las palabras y pasó a los hechos, que no fueron particularmente pacíficos para nadie: se bloqueó la llegada de casi el 90% de los camiones que llevaba stock a los supermercados, produciendo fuertes desabastecimientos.

En marzo, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Sin embargo, los encuentros entre De Narváez y los Moyano eran condimentados con una tensión creciente: Pablo, quien acompañaba a su padre, Hugo, llegó a irse de un cónclave antes de tiempo, mostrando su postura indeclinable. “Lo que piden está fuera de la legislación vigente”, retrucaban en Walmart. 

La situación no pasó desapercibida en la Casa Rosada. El presidente Alberto Fernández seguía con atención el desarrollo de los acontecimientos, y temía que se sentara un mal precedente para la deseada llegada de inversiones al país. Fue entonces cuando se contactó con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para pedirle expresamente que le ponga fin al conflicto. El líder del Frente Renovador llamó a las dos partes y las reunió en una de sus oficinas, justo cuando había amenazas de paro general.  

Finalmente, entre reproches y planteos, Moyano padre y De Narváez llegaron a un acuerdo. No se aplicará la famosa ley promovida por el sindicato de camioneros, pero se le dará a los empleados una solución económica que contemple su antigüedad. Según la empresa, “el bono fue una oferta” que se consideró y estaban “dispuestos a pagar”. De todos modos, mientras negociaban, opinaban que era “una tremenda injusticia para los otros 9.000 empleados”. Ahora, el tiempo de cruces e intransigencia terminó. Tras la intervención del Gobierno, la rueda volvió a funcionar.