Pasó casi un año desde que Javier Milei anunció que quería que el juez federal Ariel Lijo y el jurista Manuel García Mansilla ocuparan los puestos vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la falta de acuerdo político -incluso con la oposición dialoguista- lo llevaron a rubricar el decreto de designación de ambos "en comisión", lo que inició una fuerte polémica y un proceso formal que desde el Ejecutivo quieren acelerar lo máximo posible, aunque está fuera de su campo de influencia directo.

Con la publicación este miércoles en el Boletín Oficial, desde varios sectores de la oposición apuntaron los cañones contra el Presidente por no respetar el procedimiento y la decisión legislativa, mientras desde el oficialismo aseguran que la medida está dentro de lo que prevé la Constitución Nacional. 

En medio de este revuelo por los nombramientos a dedo, empezaron a correr horas claves, ya que el Gobierno quiere que los magistrados entren en funciones lo antes posible, pese al rechazo generalizado de los opositores. Para ello, es necesario llevar a cabo una serie de pasos que requieren la intervención de la Justicia.

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A la sombra del Congreso -que se encuentra fuera del período de sesiones ordinario e incluso del extraordinario que terminó el pasado 21 de febrero-, el Jefe de Estado puso su firma en el Decreto 137/2025 y terminó con el largo periplo, que comenzó en marzo de 2024 cuando comunicó las nominaciones y que se trabó definitivamente hace una semana por diferencias en la Cámara alta, sobre todo con el kirchnerismo.

Aunque el texto oficial destacó que "la Constitución Nacional faculta al Presidente a cubrir las vacantes de empleos que requieran el acuerdo del Senado y que se produzcan durante su receso, mediante nombramientos en comisión que expirarán al finalizar la próxima legislatura", la caldera está que arde.

"Es un verdadero horror", reaccionó Elisa Carrió tras la designación de los nuevos integrantes del Máximo Tribunal, que ocuparán las vacantes dejadas por Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. En tanto, el presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, señaló que "forzando la Constitución, Milei busca garantizar su impunidad y la de su hermana (Karina) con Lijo en la Corte". 

El interbloque de senadores de Unión por la Patria comentó que es "una maniobra que viola de forma tajante" la Carta Magna y coincidieron en que el líder libertario "pretende la impunidad ante los hechos de flagrancia que son de público conocimiento", aseveraron en alusión al escándalo cripto.

Lejos de replegarse ante el impacto negativo de la polémica por la memecoin $Libra, la Casa Rosada decidió redoblar la apuesta, pero ahora tiene que esperar que se resuelvan los aspectos formales que están fuera de su ala, como un pedido de licencia extraordinaria de Lijo -que debe definir la Cámara Federal- y el pronunciamiento de los actuales integrantes de la Corte: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Así como en marzo del año pasado estos últimos estuvieron en la Asamblea Legislativa en la que el Presidente inaugura el año -tal como lo hará el próximo sábado-, en Casa de Gobierno quieren volver a verlos en el recinto, pero ahora acompañados por los flamantes designados.