Luego de un extenso proceso y ante la falta de consenso en el Senado para la aprobación de sus pliegos propuestos por el Ejecutivo, Javier Milei designó este martes por decreto a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla para que se incorporen a la Corte Suprema de Justicia. Ambos magistrados cuentan con una amplia trayectoria, profesional y académica.

Lijo, cuya designación ha sido fuertemente rechazada por gran parte del arco político, nació en Buenos Aires el 19 de octubre de 1968, tiene 56 años y se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se especializó en Justicia y Piratería y Fraudes Marcarios. Su primer cargo oficial lo tuvo como meritorio en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23.

Luego de permanecer en distintas dependencias estatales, se convirtió en 2004, durante la Presidencia de Néstor Kirchner, en el titular del Juzgado Federal 4 de Comodoro Py, donde continúa hasta la actualidad. Deberá tomarse licencia o renunciar si quiere asumir en el Máximo Tribunal.

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Su figura fue rápidamente emergente por su intervención en casos de alto perfil público como, por ejemplo, las supuestas irregularidades en la investigación del atentado contra la AMIA, por las cuales envió a juicio al expresidente Carlos Menem, al extitular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Hugo Anzorreguy y al exjuez Juan José Galeano.

En 2023, Lijo quedó a cargo de la investigación del atento contra la mutual israelita que lleva 30 años de impunidad. De hecho, desclasificó información de inteligencia vinculada con la investigación sobre el atentado contra la AMIA, a pedido de la querella de víctimas y familiares agrupados en Memoria Activa. 

Días antes de la acción, recibió el respaldo de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) en su camino hacia la Corte. Otro de los casos en los que intervino fue en las causas por violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar y llevó adelante los casos cometidos en jurisdicción del Batallón 601 del Ejército por desapariciones y aplicación de tormentos. 

El historial de Lijo no termina, sino que recayó sobre sí la causa por el asesinato del exsecretario de la Confederación General del Trabajo (CGT) José Rucci, además de investigar al exvicepresidente Amado Boudou, en pleno ejercicio del cargo, por el caso Ciccone Calcográfica al considerar que aquel se interesó por la venta de la empresa. 

Boudou fue enviado a juicio oral y terminó preso por el caso. Como desprendimiento, Lijo investigó también por un supuesto entramado entre el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray y el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. 

También investigó a exfuncionarios y empresarios por supuesto lavado de dinero por medio de aportes de campaña para el proceso electoral que consagró a Cristina Kirchner como presidenta de la Nación en 2007. 

Por su parte, García Masilla nació el 6 de mayo de 1970 en la ciudad rionegrina de Bariloche, tiene 53 años y en el presente es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, institución en la cual se recibió de abogado en 1996. 

Desde 1997 hasta 2005 trabajó para el estudio Marval, O’Farrell y Mairal, uno de los más importantes en el país, y luego se incorporó a Liendo & Asociados, donde se desarrolló en 2010 y 2014. Para continuar sus estudios decidió realizar una maestría en derecho constitucional, en Estados Unidos.

En relación a su perfil político, es defensor de la libertad de expresión, está en contra del derecho al aborto y apoya el secreto profesional periodístico, cuyos fundamentos se encuentran en el artículo 43 de la Constitución. En los últimos años también se dedicó a realizar conferencias en diferentes partes del mundo, además de publicar libros y artículos.