En paralelo con los allanamientos realizados este lunes a dirigentes sociales por presunta extorsión y coacción a beneficiarios de planes para que asistieran a marchas, el ministerio de Capital Humano denunció ante la Justicia federal que casi la mitad de los comedores y merenderos que recibían asistencia estatal "eran inexistentes y uno 'funcionaba' en un country". 

El sustento de las actuaciones judiciales contra las organizaciones fue justamente un informe realizado de forma conjunta por los ministerios de Capital Humano y de Seguridad, según el cual sólo se pudo identificar el 52,3% de la totalidad de los espacios registrados.

"El restante 47,7% no pudieron relevarse debido a que: el 32% no funciona más como tal; el 25% de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos) y casi el 16%, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero", agregó el documento.

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El estudio, llevado adelante por el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM) a pedido de Sandra Pettovello, determinó que entre el 7 de febrero y el 26 de abril se investigaron 2.646 espacios, de los cuales 1.247 no pudieron ser validados como comedores o merenderos.

A su vez, observó que "la gestión anterior del Gobierno nacional no realizó los controles correspondientes sobre los comedores a los que asistía con mercadería". En este sentido, la administración actual consideró que los hechos denunciados podrían constituir los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude al Estado y abuso de autoridad.

"Esa primera omisión de los deberes de funcionarios público, devino en otra situación que fue denunciada penalmente: los comedores y los merenderos del RENACOM gestionaban alimentos por miles de millones de pesos, que provienen de diversos programas sociales pero muchos de los comedores eran inexistentes", destacó el informe de auditoría del Ministerio.

En sintonía, fuentes oficiales anunciaron este lunes que ciertos dirigentes sociales "desviaban los recursos para los comedores y que la comida que daba el Estado la vendían y administraban por niveles de compromiso con la gente que obligaban a participar políticamente".