Diferencias entre dos líneas internas de un sindicato sobre las elecciones de autoridades desde hace un año y medio llevaron al Gobierno a tomar una decisión: intervenirlo. El Ministerio de Trabajo designó a un delegado normalizador por 90 días para convocar a compulsas en el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU).

Se trata del gremio que había surgido como la alternativa kirchnerista al clásico sindicato de los judiciales Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), que comanda el peronista Julio Piumato.

Con la decisión de la administración central, el abogado Joao Sebastiao Nieto quedó al frente temporariamente del SITRAJU. Fue nombrado mediante la resolución ministerial 239/201, del 10 de mayo.

El sindicato es la base política de la diputada kirchnerista Vanesa Siley y lo que le permitió entrar en el Consejo de la Magistratura. El armado de la legisladora fue impulsado por Cristina, en medio de desconfianzas con el sector de Piumato y durante la presidencia de Mauricio Macri.

De cómo una interna kirchnerista en un sindicato llevó al Gobierno a intervenirlo
Repudio de la medida

El secretario general del SITRAJU, Agustín Bruera, rechazó la intervención y la definió como “insólita, fuera de la historia, extemporánea y ajena a los conflictos que estructuran la vida política argentina”.

El sindicalista sostuvo: “Claudio Moroni resolvió dictar la intervención del SITRAJU tan solo 6 días después de que este sindicato haya cuestionado abiertamente a la Corte Suprema, por su declaración de inconstitucionalidad de un DNU presidencial que establecía medidas de cuidado sanitario ante el avance del COVID”.

El gremialista, en un comunicado de prensa, añadió que el sindicato que encabeza había considerado a la sentencia como “un fallo electoral, en línea con la avanzada desestabilizadora de la oposición”.

Por último, opinó que “es groseramente falso” la fundamentación de la intervención sobre “la coexistencia de convocatorias contemporáneas dentro de un mismo proceso electoral en el sindicato SITRAJU”, que llevó al Gobierno a “declarar su ineficacia jurídica”.