El conflicto entre Ecuador y México elevó la tensión diplomática en Latinoamérica y los países de la región se pronunciaron en contra de la medida tomada por el gobierno del mandatario Daniel Noboa, que en la noche del viernes arrestó al exvicepresidente Jorge Glas, que se encontraba recibiendo asilo político en la Embajada mexicana en Quito.

Al respecto, la cancillería argentina, dirigida por la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, emitió un comunicado condenando lo sucedido y llamó a ​"la plena observancia de las disposiciones de aquel instrumento internacional así como de las obligaciones que surgen de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas".

En la misma línea, los gobiernos de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Perú, Brasil, Uruguay, Colombia y Chile desaprobaron los actos que tuvieron lugar en la residencia diplomática mexicana.

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, fue uno de los que se pronunció más fervientemente en favor del reclamo del presidente Manuel Andrés López Obrador, que decidió romper las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Para López Obrador, la acción llevada a cabo por la administración de Noboa se trata de una "violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía" de su territorio.

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Desde Caracas, Maduro afirmó: "Es un acto de barbarie, algo nunca visto en América Latina, el gobierno de derecha pro yankee de Ecuador violó brutalmente el Derecho Internacional, asaltando la Embajada de México y secuestrando a un asilado político". 

"Venezuela alza su voz contundentemente para rechazar este acto fascista contra el Derecho Internacional y expresa su plena y absoluta solidaridad al presidente López Obrador", afirmó.

Los argumentos de quienes rechazan el accionar de Ecuador están sustentados en el artículo 22 de la Convención de Viena de 1961, que condena la irrupción en la sede diplomática de otros países.

Del otro lado, quienes justifican la medida se basan en el artículo 3 de la Convención sobre Asilo Político de 1954 de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que prohíbe asilar a delincuentes con pena pendiente.

Glas fue condenado por desviar fondos públicos destinados a la reconstrucción de poblados costeros tras un devastador terremoto en 2016, razón por la cual estuvo preso entre 2017 y 2022 cerca de cinco años en la cárcel, condena que aún sigue vigente.