El mismo día en el que el Senado trata los reclamos de expulsión y suspensión de Edgardo Kueider, promovidos por el kirchnerismo y el oficialismo, respectivamente, la jueza Sandra Arroyo Salgado pidió este jueves, a través de un oficio enviado a Victoria Villarruel, el desafuero del legislador para poder solicitar su extradición y "proceder a su detención" en Argentina. 

Lo hizo en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramitaba en la Justicia Federal de San Isidro antes de que se desatara el escándalo en Paraguay, en donde el representante de Entre Ríos se encuentra con arresto domiciliario tras intentar cruzar la frontera con más de USD 200.000 sin declarar.

La quita de fueros deberá ser debatida en una sesión especial de la Cámara alta, en donde se necesitan dos tercios de votos para su aprobación. Una vez desaforado Kueider, Arroyo Salgado podrá pedir su extradición y luego "proceder a su detención por los canales diplomáticos correspondientes".

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A su vez, la magistrada solicitará la extradición de la secretaria del peronista disidente, Iara Guinsel Costa -también detenida en Paraguay ya que se encontraba con él al momento de su aprehensión en el país vecino-, quien figura en los expedientes anteriores que lo involucran.

Además, la titular del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro ordenó allanamientos en propiedades vinculadas al legislador de Unidad Federal. Los procedimientos se llevan a cabo en inmuebles ubicados en las ciudades entrerrianas de Concordia y Paraná y en la Ciudad de Buenos Aires.

La jueza investiga a Kueider por presunto enriquecimiento ilícito en un expediente derivado de la causa Securitas, que incluye el pago de sobornos a organismos públicos, entre ellos, Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (ENERSA), de la que el senador fue directivo.

La decisión de Arroyo Salgado se conoció poco antes de que el Senado de la Nación se reuniera en sesión especial -que comenzó minutos después de las 11- para discutir la expulsión del legislador, como piden desde Unión por la Patria, o su suspensión, como proponen desde La Libertad Avanza y bloques aliados. 

A último momento, el oficialismo sumó el debate acerca del futuro de Oscar Parrilli, el aliado de Cristina Kirchner que se encuentra procesado por la causa que investiga el Memorándum de entendimiento con Irán.