En el marco de la causa en la que el juez Julián Ercolini investiga supuestas maniobras fraudulentas en torno a la contratación de pólizas en la administración pública durante el gobierno anterior, la Policía Federal realizó el lunes por la noche una serie de allanamientos en inmuebles del extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano; el esposo de la secretaria privada del expresidente, Héctor Martínez Sosa; y el intermediario Pablo Torres García.

Se trata de personas apuntadas en la denuncia, a la que se sumó esta semana la administración actual, que habrían realizado un negocio a partir de la contratación de seguros para distintas prestaciones en las que intervenían los organismos del Estado durante la gestión de Alberto Fernández. 

El operativo, del que participó la División de Delitos Federales luego que Ercolini lo ordenara, se llevó a cabo en la zona norte del Conurbano y en la ciudad de Buenos Aires, donde constan los domicilios particulares y comerciales de Pagliano, Martínez Sosa -esposo de la secretaria privada del exmandatario, María Cantero- y de Torres García, quienes están imputados por el delito de administración fraudulenta.

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El objetivo de la pesquisa consistió en encontrar cualquier documentación que resulte relevante para la investigación, que analiza la supuesta contratación de un "broker y empresas privadas" para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales. Si bien los efectivos secuestraron documentación relacionada, hasta el momento no hubo órdenes de detención emitidas por el magistrado.

Según lo denunciado, todo habría comenzado en un decreto presidencial que ordenaba a los estamentos públicos a contratar los servicios de Nación Seguros, empresa perteneciente al Banco Nación, como aseguradora de riesgos. A pesar de esto, en cada uno de los acuerdos habrían intervenido empresas privadas, por lo que se pone en duda la necesidad de su participación y las comisiones que se habrían percibido. 

Martínez Sosa y Torres García son señalados por ser beneficiados con el esquema de contrataciones por parte de los organismos públicos en una intermediación cuestionada, mientras que distinto es el caso de Pagliano, quien era el responsable de Nación Seguros durante la presidencia de Fernández. 

Todo estalló cuando el extitular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Osvaldo Giordano detectó semanas atrás este esquema en el organismo y decidió interrumpir la práctica por calificarla como "irregular". La semana anterior, la jueza Silvina Martínez pidió que se investigue "la presunta comisión de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos". 

El lunes último, el ministerio de Capital Humano se sumó a la causa, al denunciar a las autoridades de la ANSES durante el mandato de Fernández, por la presunta contratación irregular de seguros y préstamos otorgados por el organismo a sus afiliados. La acusación alcanza a "todo funcionario público y/o persona humana y/o jurídica que pudiera haber participado en cualquier carácter en maniobras delictivas".

La presentación de la cartera a cargo de Sandra Pettovello fue dada a conocer por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien especificó que los cargos imputados son "fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos".