Alberto bajo "fuego amigo"
Por derecha y por izquierda, los cuestionamientos más duros contra Alberto Fernández no surgieron de la oposición, sino de su propio espacio político. No es una sorpresa que haya tensiones dentro de un frente que, como indica su nombre, tenía como prioridad sumar a “todos” y no la coherencia ideológica.
Lo que sí se pone a prueba es cómo el Presidente administra estas internas, mientras empieza a escribir la narrativa del quinto peronismo.
“Articular intereses contrapuestos es su especialidad”, arriesga un funcionario muy cercano, para relativizar los chispazos de los últimos días. Esa tarea, es cierto, la tuvo como armador en las sombras, pero siempre al servicio de otros. Ahora lo hace al comando de una jefatura que, por el peso específico de su vice, es por lo menos compartida.
El desafío más fuerte en términos de autoridad lo planteó Sergio Berni, un Rambo al que le dieron la misión de controlar a la policía Bonaerense. El funcionario no sólo expuso diferencias con la política de seguridad nacional, sino que le dobló la apuesta a Fernández cuando apoyó a su ministra, Sabina Frederic, con la intención de clausurar la polémica. “Nadie es dueño de la verdad absoluta”, replicó "El Loco".
Con Berni aparecen dos problemas en el horizonte:
1) Aceptó ser ministro bonaerense a desgano por presión de Cristina Kirchner, según reconocen en su entorno. Por eso, Berni entiende que ella es su jefa, y no Axel Kicillof y menos Fernández, quien además no lo tuvo en cuenta para el gabinete nacional, a donde sí quería desembarcar.
2) El área de seguridad tuvo un manejo desprolijo desde el principio. El hombre a cargo iba a ser Diego Gorgal, identificado con posturas más duras, y terminó quedando en manos de una antropóloga de izquierda. No arrancó con el pie derecho la coordinación con la provincia de Buenos Aires, que en diciembre registró un pico de secuestros extorsivos, tendencia que venía a la baja durante 2019, según cifras de la Unidad Fiscal especializada en este delito, a cargo de Santiago Marquevich. Si bien es prematuro achacarle esta suba a Berni-Frederic, hay malestar porque los cortocircuitos se dan en una transición sensible.
La segunda grieta surgió por el plan contra el hambre, la bandera que permitió al Gobierno captar adhesiones de figuras populares por fuera del PJ. Juan Grabois criticó el diseño de un nuevo sistema de tarjetas, cuando se podían haber inyectado esos fondos a través de las asignaciones universales por hijo que liquida la Anses.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, argumenta que se definió esa modalidad porque el 80% de las familias que cobran ese beneficio están endeudadas con el organismo, que les descuenta mensualmente parte del pasivo, por lo que se optó por garantizarles el acceso a comida. Una explicación válida pero que no termina de convencer.
Para Grabois, la insistencia con que la tarjeta no permitirá adquirir alcohol, como también la intermediación de intendentes y punteros en el reparto es “tomar a los pobres de boludos”. El programa prevé la distribución de 1.400.000 plásticos y tiene un presupuesto estipulado de 70.000 mil millones de pesos para este año. La asistencia será de entre 4 y 6 mil pesos por familia, de acuerdo con la cantidad de hijos.
A diferencia de sus colegas, el líder del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) nunca quiso un cargo en el Gobierno para poder conservar el derecho al pataleo. De la mano de Alberto, dejaron la calle para integrar el gabinete: Emilio Pérsico (Movimiento Evita), designado como secretario de Economía Social; Rafael Klejzer (Movimiento Popular La Dignidad), flamante director de Comercialización y Abastecimiento Popular; Daniel Menéndez (Barrios De Pie), nombrado subsecretario de la Promoción de la Economía Social y el Desarrollo Local; y Miguel Gómez (Mocase), secretario de Agricultura Familiar.
Ya Néstor Kirchner había desarticulado la protesta incorporando a piqueteros al Gobierno, que fueron alejándose en el último tramo del cristinismo. Difícil es prever qué pasará con Grabois, a quien en algunos despachos de la Casa Rosada apodan “El Trastorno”.
El tercer eje que abrió una herida es el debate por ex funcionarios y referentes K que están en prisión por causas de corrupción. Fernández recibió el lunes a organismos de derechos humanos en la Casa Rosada. En el encuentro, le plantearon que debían ser liberados Milagro Sala, Luis D’Elía, y Amado Boudou. El Presidente escuchó y sostuvo que para él había “detenciones arbitrarias” pero no “presos políticos”. Claro: si reconoce que hay “presos políticos”, pasan a ser sus “presos políticos”.
Lo que siguió fue una catarata de reacciones públicas en contra. Hebe de Bonafini le exigió que diga “de qué lado está”. También lo contradijeron Oscar Parrilli, incondicional a Cristina, y Wado De Pedro, ministro del Interior de Alberto y uno de los fundadores de La Cámpora.
En una entrevista con Horacio Verbitsky, el Presidente deslizó que respecto de Sala, por ejemplo, una posibilidad es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise si hubo irregularidades en los procesos. Justo el viernes, la Corte provincial confirmó una condena de 13 años por asociación ilícita, fraude y extorsión en el expediente conocido como “Pibes Villeros”.
El caso Nisman fue otro capítulo que generó tironeos en los últimos días. Un amplio sector del peronismo, que acompañó al kirchnerismo desde 2003, está en desacuerdo con estas desavenencias públicas y prefiere el silencio.
Incómodo y más preocupado por ordenar la economía, Fernández espera lo mismo: que baje la escalada del “fuego amigo”.
