A 34 años del femicidio en Catamarca de María Soledad Morales, aquel emblemático caso que provocó la caída de una dinastía feudal, la madre de la víctima, Ada Rizzardo, lamenta que haya habido "justicia a medias" por el crimen y considera que la causa es idéntica a la de Cecilia Strzyzowski en Chaco por la participación de los "hijos del poder".

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, la mujer confesó que entabló una conversación con Gloria Romero, la madre de la joven de 28 años desaparecida el 2 de junio de 2023 en la ciudad chaqueña de Resistencia, por cuyo asesinato deberán afrontar un juicio oral su novio, César Sena, los padres de éste -los poderosos dirigentes piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña- y otras cuatro personas, empleadas de la familia. 

"Siempre que surgen casos así, yo pido el número a los periodistas y me comunico con los familiares", describió Ada, a la vez que reveló: "Yo hablé con Gloria. Me contó que hay mucha gente de la política metida en el caso. Sospecho que hubo encubrimiento, como en la causa de María Soledad", en la que, destacó, "participaron siete u ocho personas, aunque solo dos fueron condenadas".

El emblemático caso de María Soledad

El asesinato fue escalofriante. A pocos días de cumplir 18 años, el 8 de septiembre de 1990 María Soledad asistió al boliche Le Feu Rouge para disfrutar de una fiesta con sus compañeras del colegio secundario, destinada a recaudar fondos para el viaje de egresados.

Horas después, Morales se despidió de sus amigas y se dirigió a la parada de un colectivo, donde la pasó a buscar Luis Tula, con quien mantenía una relación sentimental y que la llevó a otro boliche, Clivus, en donde conoció a otros individuos, hijos de funcionarios públicos y policiales de la provincia.

Según el relato de distintos testigos, la adolescente salió posteriormente de ese local bailable acompañada por varios hombres, que la subieron a otro vehículo. No se la volvió a ver con vida.

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Dos días más tarde, el cuerpo de María Soledad fue encontrado por operarios de Vialidad Nacional a la vera de una ruta en las afueras de San Fernando del Valle de Catamarca. Tenía heridas en el cuello, quemaduras de cigarrillo, el cráneo destrozado y desgarros en la zona genital. Le faltaban buena parte del cuero cabelludo, las orejas y un ojo. 

De acuerdo a lo establecido por la autopsia, la causa del deceso fue un paro cardíaco producto de una sobredosis de cocaína que le obligaron a consumir.

El caso no tardó en convertirse en un escándalo: mientras la familia de la chica reclamaba justicia, la Policía pedía a los padres que tuvieran "más control sobre sus hijos".

El mundo político rápidamente quedó involucrado. Aunque el primer sospechoso fue Tula, los focos de la investigación se posaron después en Guillermo Luque, hijo del entonces diputado nacional peronista Ángel Luque.

Ante las acusaciones, el joven intentó probar que no había estado en la provincia el fin de semana del crimen, sino en Buenos Aires, donde estudiaba. La conmoción fue tal, que el Gobierno nacional envió al subcomisario bonaerense Luis Patti, condenado posteriormente por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, para hacerse cargo de la investigación.

La muerte de la estudiante expuso como casi nunca antes la impunidad del poder, al punto de que el padre del principal imputado se atrevió a decir que si su hijo hubiera matado a "esa pobre joven, ese cadáver no hubiese aparecido jamás". Dos semanas después, el diputado fue echado de la Cámara baja por el voto de sus pares.

Los reclamos por el esclarecimiento del crimen se reflejaron en 82 marchas del silencio, encabezadas por los padres de la joven y la monja Martha Pelloni, por entonces rectora del colegio al que asistía María Soledad y quien incluso llegó a acusar al ministro del Interior de la Nación, José Mera Figueroa, de entorpecer las investigaciones.

A pesar del esfuerzo de la familia por mantener las marchas en un tono pacífico, comenzaron los disturbios. En ese contexto, el presidente Carlos Menem dispuso la intervención de Catamarca, destituyó al gobernador Ramón Saadi y designó a Luis Prol.

En febrero de 1998, Guillermo Luque fue sentenciado a 21 años de prisión como autor del femicidio de Morales, mientras que Tula recibió nueve años en carácter de partícipe necesario (lo consideraron "el entregador").

Ambos quedaron presos, pero con los años fueron liberados. Tula fue el primero en obtener tal privilegio, en 2003. Estudió, se recibió de abogado y ésa es su actual profesión en Catamarca. Luque, por su parte, está en libertad condicional desde 2010.