La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, compuesta por los jueces Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, ratificó la prisión preventiva de Fernando Sabag Montiel, Nicolás Carrizo y Brenda Uliarte, acusados del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. 

Además, en las últimas horas, la jueza a cargo de la causa, María Eugenia Capuchetti, denunció a Juan Martín Mena, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, por "encubrir y prestar falso testimonio" a raíz de unas declaraciones a un medio de comunicación que, alega, contradicen su testimonio en la causa. 

A pesar de que el Tribunal Oral había dispuesto la prórroga por un año, los magistrados Ledesma y Yacobucci redujeron la determinación a seis meses y reclaman celeridad mientras se desarrolla el juicio oral y público. 

Slokar ratificó el plazo de un año sujeto al "pleno desenvolvimiento del debate", teniendo en cuenta la gravedad y complejidad de los delitos que se acusan en el proceso, así como los fundamentos del tribunal oral interviniente, que remarcó no solo la naturaleza violenta, magnitud y gravedad institucional del hecho, sino la "necesidad de resguardar la producción de prueba tendiente a esclarecer la investigación". 

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Por otra parte, en la resolución aclararon que quedaron pendientes a "algunas medidas de prueba relevantes", y que el objetivo de esa pericia es "recuperar la información que pudiera haber quedado en el almacenamiento de dicho dispositivo electrónico". 

El juicio se reanudó el pasado 31 de julio, tras la feria judicial de invierno, en la Sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py. Ese día brindó su testimonio el secretario privado que estaba con ella en el momento del ataque, Diego Bermúdez Bringue, quien aseguró: "Nosotros nunca pensamos en un atentado".

Con respecto a Sabag Montiel, afirmó previamente ante los jueces que su acción de gatillar a metros del rostro de la entonces vicepresidenta "fue con un fin personal" y no para "beneficiar a ningún sector político". No obstante, la querella considera que contó con la participación opositores como "autores intelectuales" y "financiadores".

Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo enfrentan cargos por tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego. El primero es considerado el autor material del ataque, mientras que los otros dos imputados son juzgados como cómplices activos en la planificación y ejecución del atentado, ya que se presume que usaban su negocio de venta de copos de azúcar como una pantalla mientras vigilaban la vivienda de la exvicepresidenta.

Debido a la cantidad de testigos y a la complejidad de la causa, se espera que las audiencias ante los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari se extiendan entre seis meses y un año.