El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos ordenó este miércoles la liberación de Sergio Daniel Urribarri y de su cuñado, Juan Pablo Aguilera, quienes permanecían detenidos a modo preventivo por riesgo de fuga desde el 19 de noviembre en la Unidad Penal 1 de Paraná. Al exmandatario se lo condenó a ocho años de prisión en 2022 por cinco causas de corrupción, pero la sentencia aún no está firme y espera la revisión de la Corte Suprema. 

Luego de que la Cámara de Casación Penal de la capital entrerriana les dictara la prisión preventiva efectiva, la defensa apeló y el Tribunal superior habilitó la feria para decidir sobre el caso. Los vocales Germán Carlomagno y Leonardo Portela votaron a favor de la liberación, mientras que Miguel Ángel Giorgio lo hizo en contra. 

En su fallo, Carlomagno expresó que el pedido de Casación mostró una "evidente falta de proporcionalidad" en relación a la posibilidad de riesgo de fuga de los imputados y destacó como una actitud "relevante" que el exfuncionario haya regresado de sus "funciones en el exterior" y que se haya entregado "sin dificultades" luego de conocerse la resolución sobre su detención.

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"A esta altura resulta evidente que los argumentos brindados por Fiscalía para sostener su pedido y de la Cámara de Casación para resolver no superan el umbral de la mera hipótesis y, como tales, no conforman argumentos sólidos jurídicamente hablando", manifestó por su parte Portela, el presidente de la STJ. 

Por otro lado, Giorgio explicó que si bien los fallos de la Corte podían tomar "años" en dictarse, dicho hecho no "configura un motivo para deslegitimar o descartar la imposición de la prisión preventiva", dado que la medida "puede revisarse y modificarse en cualquier momento". 

Con el voto mayoritario de los miembros del Tribunal se estipuló la liberación de Urribarri y Aguilera, quienes igualmente deberán cumplir con ciertas pautas de comportamiento, como la asistencia semanal a la fiscalía más cercana a sus respectivos domicilios, la prohibición de salir del país, la entrega de pasaportes y un embargo económico. 

Cabe recordar que el exgobernador de Entre Ríos fue sentenciado a ocho años de cárcel por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. A su vez, sobre su cuñado, Aguilera, pesa una condena de seis años y medio de prisión. Ambos deberán esperar al fallo de la Corte Suprema para saber si las penas quedan firmes.