El juez de garantías de La Plata Guillermo Atencio suspendió la pericia prevista para este miércoles en la que se iba a abrir el teléfono de Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ que fue sorprendido en un cajero automático con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura Bonaerense, de las que habría retirado más de $1.000.000.

El magistrado atendió el pedido de la defensa, a cargo de Alfredo Gazcón, en virtud de que la causa fue decretada nula por la Cámara de Apelaciones de Garantías de La Plata.

La pericia había sido solicitada por la fiscal Betina Lacki para que se avance con la investigación, al considerar que la nulidad decretada por la cámara bonaerense no tenía efectos suspensivos sobre la continuidad de la causa porque carece de sentencia “firme”: aún falta que la Cámara de Casación Bonaerense decida si convalida la nulidad o habilita que prosiga.

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En medio de esa espera, Lacki dispuso el jueves pasado 20 medidas de prueba, entre las que se encontraba el peritaje del teléfono celular de Rigau y la citación para que declaren los dueños de las tarjetas incautadas que aún no pasaron por la Fiscalía. Esas solicitudes se habían dado después de que el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, objetara el fallo de la Cámara de Apelaciones que había anulado la causa.

Los camaristas Juan Benavidez y Alejandro Villordo habían decretado nulo el caso porque consideraron que la detención de Rigau el 9 de septiembre pasado fue sin previa autorización judicial para actuar. Además, evaluaron que el aviso que la policía dio a la Justicia fue tardío, pues recién lo hicieron cuando llevaron a Rigau a la comisaría y luego de secuestrarle su celular, las 48 tarjetas ajenas y poco más de 1 millón de pesos en efectivo. 

Esa disputa de fondo quedó en manos de la Sala II de Casación, integrada por los jueces Fernando Luis María Mancini y María Florencia Budiño.

En tanto, la fiscalía espera escuchar como testigos a los miembros de la Legislatura Bonaerense que figuran como titulares de las tarjetas que tenía el acusado en su poder, para determinar de qué trabajan los supuestos empleados que percibían $580.000 mensuales y a los que en teoría Rigau les cobraba el sueldo.

La fiscal quiere establecer dónde trabajaban, quién es su jefe y bajo qué régimen laboral, ya que sospecha se trata de "ñoquis" que estaban anotados como trabajadores y cobraban parte del sueldo o alguien lo percibía por ellos.