Ana María Figueroa, la jueza removida de su cargo por la Corte Suprema porque llegó a los 75 años y no tenía aún el acuerdo del Senado para una reválida de cinco años, pidió al Consejo de la Magistratura ser reincorporada en su puesto de la Cámara de Casación.

Lo hizo después de que el Senado y el Ejecutivo aprobaran su pliego con posterioridad a la decisión que había tomado el Máximo Tribunal e invocando antecedentes y razones de derecho que, según entiende, la habilitan para continuar en el puesto.

Cuando la Corte decidió jubilar a Figueroa, la jueza debía votar en dos causas que involucran a Cristina Kirchner y que, en fallos de primera instancia, habían sido cerradas. Se trata de los expedientes Hotesur-Los Sauces, en el que la Vicepresidenta está investigada junto a su hijo, Máximo Kirchner, por presunta asociación ilícita y lavado de dinero, y Memorándum con Irán. El 18 de septiembre último -con la magistrada pasada a retiro por la Corte- la Sala I de Casación decidió que ambas causas debían reabrirse y pasar a juicio oral. 

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La presentación de esta semana para poder ser reincorporada, dirigida a la Comisión de Selección del Consejo, abre formalmente la vía administrativa y judicial sobre la controvertida situación de Figueroa, quien, por un lado, fue cesada por la Corte Suprema pero, por el otro, cumplió con todo el procedimiento constitucional para continuar ejerciendo su cargo.

“Se culminó el trámite constitucionalmente previsto y obtuve un nuevo nombramiento para mantenerme en mi función jurisdiccional”, argumentó Figueroa y agregó: “Reclamo mi inmediata asunción de funciones de gobierno, superintendencia y jurisdiccionales como jueza titular de la Vocalía 10 de la Cámara Federal de Casación Penal”.

Además de su reincorporación, la magistrada instó a que “se ordene el pago de los salarios, retroactivos y derechos laborales que fueron suspendidos desde el 1 de septiembre de 2023″.

Antes de presentarse ante el presidente de la Cámara Federal de Casación, Mariano Borinsky, para que le tome nuevo juramento para reasumir el cargo de jueza del Tribunal de Apelaciones, Figueroa prefirió reclamar el aval del Consejo de la Magistratura, que es el organismo encargado de todas las cuestiones administrativas vinculadas con el Poder Judicial. Luego del fallo del Senado, y la posterior firma del Ejecutivo, la jueza está en todo su derecho de exigir su restitución.  

El 28 de septiembre pasado, en una ajustada votación en la que debió desempatar su presidenta provisional, la oficialista Claudia Ledesma Abdala, la Cámara alta aprobó el pliego de Figueroa y desató un conflicto de poderes con la Corte Suprema, que el 6 de septiembre la había cesanteado.

Siguiendo el procedimiento que corresponde en su rol de líder del Poder Ejecutivo tras la decisión legislativa, el 3 de octubre Alberto Fernández firmó el pliego de la camarista y avaló su continuidad por cinco años.