El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió este lunes elevar a juicio oral la causa en la que el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otras 17 personas son señaladas por presunto fraude "en perjuicio de la administración pública, amenazas y extorsión" en el marco del manejo del programa "Potenciar Trabajo".

En su dictamen, acusó al dirigente social de montar una "organización criminal" para "controlar y  manejar -en lo que públicamente se denominó 'gerenciamiento'- a miles de personas a lo largo y ancho del país". Según señaló, el objetivo era "obtener un lucro indebido y consolidar un esquema de poder".

"La investigación ha revelado una compleja matriz delictiva que durante años se aprovechó de las necesidades de un amplio sector social de carácter vulnerable de nuestro país", consideró la Fiscalía en ese sentido.

TE PODRÍA INTERESAR: "Son golpistas del fuego": desde Parques Nacionales apuntaron contra los mapuches por los incendios en Chubut y Río Negro

Al respecto, advirtió que eso "les permitió ejercer ilegítimamente poder sobre aquéllos con miras a manejarlos según sus designios y obtener dinero", y precisó que esos fondos se utilizaron "en provecho propio y de terceros, privando a las víctimas de un mejor porvenir".

Asimismo, aseguró que "los acusados defraudaron al Estado mediante la apropiación ilegítima de millonarios fondos públicos que le eran entregados como subsidios a la agrupación Polo Obrero". La firma del requerimiento para el pase del caso a un Tribunal se hizo por solicitud del juez federal Sebastián Casanello, quien dio por concluida una parte de la investigación.

Además, fuentes judiciales informaron que dio vista a las partes para que formulen su postura respecto al envío a juicio oral del caso sobre un presunto desvío de fondos que estaban destinados a la asistencia social a fines partidarios.

La causa contra el líder del Polo Obrero y el resto de los acusados se inició por una demanda del gobierno de Javier Milei luego de recibir llamados anónimos que denunciaban presiones para asistir a marchas o piquetes, y su procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal.

El primer fin de semana de febrero, Belliboni y su abogada, Liliana Alaniz, habían denunciado "filtraciones" de documentos en la fiscalía N°11, a cargo de Pollicita, que habría brindado información a periodistas sobre el "requerimiento de elevación a juicio" incluso antes de que sea presentado ante el juez Casanello.