En el marco de una causa iniciada en octubre de 2023 que investiga un presunto negociado millonario en torno a multas de tránsito y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), el fiscal Álvaro Garganta imputó formalmente al exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio.

El magistrado encargado de la instrucción acusa a los implicados de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación y enriquecimiento ilícitos, cohecho, y exacciones (cobros injustos de multas o impuestos) ilegales, aunque la participación de cada uno sería en diferente grado.

Después de que estallara el escándalo, el entonces funcionario bonaerense renunció casi dos meses más tarde, el 30 de diciembre de 2023, sumido en las críticas por el caso que involucra a 16 imputados entre funcionarios judiciales, estatales, y empresarios del sector.

En un allanamiento el pasado 1 de abril, efectivos policiales secuestraron el teléfono de Bernardino Antonio García, dueño de una de las empresas proveedoras de cinemómetros -que son los dispositivos popularmente conocidos como "radares de velocidad"- con que se evalúa a cuántos kilómetros por hora marcha un coche al pasar por un punto determinado. 

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Durante la pesquisa judicial, se descubrieron irregularidades en el que es uno de los sistemas de recaudación principales, las multas de tránsito. Entre los apuntados en este caso está Mario Quattrocchi, titular del juzgado de faltas de La Plata. 

La Justicia detectó que el magistrado viajaba de manera frecuente al exterior junto a la concejal de Pilar Claudia Pombo. Ambos están vinculados a dos emprendimientos gastronómicos en Málaga, España.

A su vez, se consignan en la causa anomalías en la adjudicación de las concesiones para la explotación del servicio de VTV, otorgado a siete empresas. Estas firmas estaban ligadas a Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., en la que tendrían participación funcionarios del ministerio de Transporte de la Provincia.

La compañía que se encargaba de asignar los turnos de la verificación técnica recibía, a cambio, una comisión del 8,5% (más IVA) por cada pago realizado.

El próximo paso del proceso iniciado será la indagatoria de todos los sospechados de la comisión de los delitos imputados, entre ellos el propio exministro.